Ya está disponible la memoria de la Conferencia Internacional Política de drogas, derechos humanos y corresponsabilidad global, celebrada en Barcelona del 2 al 5 de junio de 2025, un encuentro que reunió a especialistas, organizaciones sociales y representantes institucionales de Europa y América Latina para debatir nuevas formas de abordar las políticas de drogas desde un enfoque centrado en los derechos humanos y la construcción de paz.
La conferencia surgió con el objetivo de dar continuidad al debate internacional sobre la política de drogas y, especialmente, de impulsar el cumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, que plantea la «solución al problema de las drogas ilícitas». Este marco reconoce la necesidad de respuestas integrales frente a los impactos sociales, económicos y de seguridad asociados al narcotráfico y a las políticas tradicionales de control de drogas.
El encuentro fue organizado por la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia como un espacio de diálogo y construcción colectiva entre distintos actores internacionales. Participaron personas expertas, investigadoras, representantes de organizaciones sociales, colectivos vinculados a los cultivos, juristas, defensoras de derechos humanos y profesionales de la intervención social procedentes de varios países de América y Europa. La intención era generar propuestas concretas que contribuyan a repensar las políticas de drogas y a reducir las violencias asociadas al narcotráfico.
Uno de los mensajes centrales de la conferencia fue el reconocimiento de que las estrategias basadas en el prohibicionismo y el punitivismo no han logrado sus objetivos principales. Según recoge la memoria, estas políticas no han conseguido reducir de forma efectiva el consumo ni el tráfico de drogas y, en muchos casos, han generado altos costes sociales, económicos y humanos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas.
Ante esta situación, el encuentro propuso avanzar hacia enfoques alternativos que sitúen los derechos humanos y la construcción de paz en el centro de la política de drogas. Entre las líneas de trabajo planteadas se encuentran el impulso de modelos de regulación responsables, el fortalecimiento de las políticas de reducción de daños y la adopción de estrategias más humanas y sostenibles que permitan reducir la violencia y mejorar la respuesta institucional frente al fenómeno de las drogas.
Asimismo, la memoria recoge de forma detallada los principales debates y conclusiones del encuentro, estructurados en torno a cuatro mesas de trabajo que abordaron cuestiones clave: la producción y cultivo, la reducción de daños, la legislación y los marcos normativos, y las violencias derivadas del narcotráfico. En cada una de ellas se analizaron los impactos del enfoque punitivo, las vulneraciones de derechos humanos asociadas y las posibles alternativas para avanzar hacia políticas más eficaces y respetuosas con las comunidades afectadas.
En el ámbito de la producción y los cultivos, por ejemplo, se puso el foco en las consecuencias del enfoque represivo sobre las comunidades rurales y en la necesidad de promover alternativas económicas y sociales que permitan reducir la dependencia de las economías ilícitas. En el caso de la reducción de daños, el debate giró en torno a los derechos de las personas que usan drogas y a la importancia de políticas públicas que prioricen la salud y la inclusión social frente a la sanción penal.
El documento también recoge las reflexiones del acto público “Tenemos una conversación pendiente: política de drogas y derechos humanos”, celebrado el 5 de junio de 2025, en el que se subrayó la necesidad de abrir un debate social más amplio sobre las consecuencias de las actuales políticas de drogas y de transformar las narrativas dominantes en torno a este fenómeno.
Entre las propuestas finales que recoge la memoria destacan la promoción de modelos de desarrollo rural y de transformación territorial, el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria, el cambio de enfoque en la comunicación sobre drogas y la adopción de políticas integrales de reducción de daños basadas en la defensa de los derechos humanos. Estas recomendaciones buscan contribuir a una transformación de las políticas de drogas tanto a nivel nacional como internacional y servir como base para futuros procesos de debate y reforma legislativa.
