La guía Desintoxicando narrativas sobre personas cultivadoras, elaborada por Elementa Derechos Humanos, plantea una revisión crítica de los discursos que durante décadas han acompañado las políticas de drogas y, en particular, la forma en que se representa a las personas vinculadas al cultivo de coca, cannabis y amapola. El documento parte de la idea de que la denominada “guerra contra las drogas” no solo ha tenido consecuencias en el ámbito de la seguridad o la salud pública, sino que también ha contribuido a construir narrativas que han legitimado la exclusión, la criminalización y las vulneraciones de derechos humanos contra amplios sectores de la población rural.
Según la publicación, los discursos institucionales, mediáticos y políticos han tendido a presentar a las personas cultivadoras como responsables de fenómenos complejos como el narcotráfico, la violencia o la corrupción, ignorando los contextos históricos, económicos y sociales en los que se desarrollan estos cultivos. Como consecuencia, se han consolidado estereotipos que asocian directamente a estas comunidades con la delincuencia y la amenaza social, favoreciendo respuestas basadas principalmente en la represión y el castigo.
La guía sostiene que esta estigmatización afecta de manera especialmente intensa a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a mujeres, jóvenes y otros grupos que enfrentan múltiples formas de exclusión. Desde una perspectiva interseccional, el documento destaca que no existe una única realidad de las personas cultivadoras, sino experiencias diversas marcadas por factores como el género, la etnia, la edad, el territorio o la situación económica.
Uno de los principales argumentos de la publicación es que la coca, el cannabis y la amapola tienen trayectorias históricas distintas que han sido simplificadas bajo la etiqueta de «cultivos ilícitos». La guía recuerda que la hoja de coca forma parte de prácticas culturales, medicinales y espirituales de numerosos pueblos andinos desde hace siglos, mientras que el cannabis y la amapola siguieron procesos diferentes vinculados a dinámicas económicas y sociales específicas. Sin embargo, el sistema prohibicionista terminó agrupando estas realidades bajo una misma lógica criminalizadora.
El documento también pone el foco en los territorios donde se concentran estos cultivos, como Catatumbo, la Amazonía colombiana, Nariño o Cauca. En todos ellos identifica elementos comunes, entre ellos el abandono estatal, la falta de infraestructuras, la precariedad económica y la presencia de actores armados. Desde esta perspectiva, la guía defiende que los cultivos no pueden entenderse únicamente como una actividad ilegal, sino también como estrategias de subsistencia desarrolladas en contextos donde las alternativas económicas han sido históricamente limitadas.
Otro de los aspectos centrales del informe es el análisis de la cobertura mediática. A partir de un estudio de noticias y discursos públicos, Elementa identifica patrones recurrentes de criminalización, el uso de metáforas asociadas a la guerra o las enfermedades, y la tendencia a invisibilizar las voces de las propias comunidades cultivadoras. Frente a ello, la guía propone promover un lenguaje más preciso y respetuoso, evitar términos estigmatizantes y dar protagonismo a las experiencias y demandas de las personas afectadas.
