La Junta Nacional de Drogas de Uruguay ha presentado la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, el documento que orientará la política pública del país en esta materia durante los próximos cinco años. La nueva hoja de ruta incorpora por primera vez un plan de acción con metas concretas, organismos responsables e indicadores para evaluar su cumplimiento.
La elaboración de la estrategia partió del trabajo conjunto de los ministerios y organismos que forman parte de la Junta Nacional de Drogas. La consulta se desarrolló entre mayo y octubre de 2025 e incluyó a organismos públicos, organizaciones sociales, universidades, equipos técnicos, personas usuarias de los servicios, familiares y ciudadanía. De acuerdo con el documento, 221 personas participaron directamente a través de la plataforma digital, en la que se recibieron 48 propuestas. También se celebraron 14 reuniones temáticas con representantes de 55 instituciones.
La Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030 se organiza en siete grandes áreas: rectoría y gobernanza; prevención y promoción de la salud; atención, tratamiento y continuidad de los cuidados; regulación de los mercados para proteger la salud pública; relaciones internacionales y cooperación; control de los mercados ilícitos; e innovación e investigación.
En prevención, el Gobierno uruguayo plantea avanzar hacia un sistema nacional que adapte sus intervenciones a las características de los diferentes grupos y territorios. En el ámbito asistencial, la estrategia señala como prioridades mejorar la accesibilidad, reforzar el trabajo entre instituciones y garantizar la continuidad de los cuidados.
El documento también contempla la articulación entre los servicios públicos y privados bajo estándares de calidad, así como la integración de la gestión de riesgos y la reducción de daños dentro de la política nacional de drogas.
En relación con los mercados regulados, la estrategia establece que las medidas deberán orientarse a la protección de la salud pública. Al mismo tiempo, incluye el fortalecimiento de las capacidades estatales frente al tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. En este ámbito, la hoja de ruta incorpora referencias a la proporcionalidad de las respuestas penales, la reparación comunitaria, la investigación criminal y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas.
Una de las principales novedades es la inclusión de un plan de acción operativo. Hasta ahora, las estrategias nacionales establecían los grandes lineamientos de la política de drogas, pero el nuevo documento añade objetivos, acciones prioritarias, plazos, instituciones responsables e indicadores de seguimiento. De hecho, la Junta Nacional de Drogas considera que esta herramienta permitirá mejorar la planificación y conocer el grado de cumplimiento de las medidas previstas. También servirá para coordinar el trabajo de los diferentes organismos y facilitar la evaluación de los resultados.
La estrategia incorpora de forma transversal la perspectiva de género y las interseccionalidades, y afirma su compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales, la justicia social y la salud pública. Asimismo, contempla dimensiones sociales, culturales, sanitarias, económicas, territoriales, legales y de seguridad.
