El artículo Consumo de drogas inyectables y conductas sexuales asociadas con la transmisión de infecciones y el acceso a la reducción de daños entre personas que consumen drogas y venden sexo en zonas rurales de Estados Unidos, de L. Sarah Mixson, April M. Young, Judith I. Tsui, Wiley D. Jenkins, Mai T. Pho, David W. Seal, Lydia N. Drumright, Stephanie A. Ruderman, Thomas J. Stopka, P. Todd Korthuis, Bridget M. Whitney, Peter D. Friedmann, Ryan P. Westergaard, Vivian F. Go, William C. Miller, Dalia Khoury, Judith Feinberg, Gordon Smith, Hannah L. F. Cooper, Joseph A. Delaney y Heidi M. Crane, analiza las dificultades que afrontan las personas que consumen drogas y ejercen el trabajo sexual en comunidades rurales de Estados Unidos.
La principal conclusión del estudio es que no basta con ofrecer jeringuillas estériles, naloxona o preservativos. La posibilidad de utilizar estos recursos depende también de las condiciones en las que viven las personas. La violencia, la coerción, el estigma, la criminalización, la falta de vivienda y las dificultades para desplazarse pueden impedir que adopten prácticas más seguras. En las zonas rurales, el problema se agrava por la escasez de servicios sanitarios, las largas distancias y la menor privacidad.
La investigación se basa en información recogida entre enero de 2018 y marzo de 2020 por la Iniciativa sobre Opioides en Zonas Rurales. Participaron personas que se habían inyectado drogas o habían consumido opioides recientemente. Entre quienes respondieron a la pregunta sobre trabajo sexual, 180 dijeron haber intercambiado sexo vaginal o anal por dinero, sustancias, alojamiento u otros bienes necesarios durante el mes anterior. La mayoría eran mujeres, aunque el estudio también contó con una proporción relevante de hombres.
Las personas que ejercían el trabajo sexual declararon con más frecuencia prácticas relacionadas con la transmisión del VIH y la hepatitis C. Entre ellas estaban utilizar una jeringuilla empleada antes por otra persona, compartir sustancias mediante material de inyección y realizar varias inyecciones durante un mismo episodio. También eran más habituales las relaciones sexuales sin preservativo, especialmente con parejas que se inyectaban drogas.
Sin embargo, los investigadores no observaron diferencias claras en la posesión de naloxona, la facilidad para conseguir jeringuillas limpias o la obtención de material en farmacias y programas de intercambio. Una persona puede tener acceso a preservativos o jeringuillas y, aun así, no poder decidir libremente cuándo utilizarlos debido a la presión de clientes o parejas, la violencia o el temor a la intervención policial.
Los autores plantean que los programas de reducción de daños deberían ofrecer preservativos gratuitos o asequibles en los mismos lugares donde se distribuyen jeringuillas. También defienden servicios que atiendan de forma conjunta el consumo, la salud sexual, la violencia y las necesidades sociales. Su propuesta es evitar que cada problema se trate por separado.
El estudio tiene varias limitaciones. Al ser transversal, ofrece una imagen de un momento concreto y no permite establecer relaciones de causa y efecto. La información fue facilitada por las propias personas participantes y podría estar condicionada por el estigma. Además, la pregunta empleada no permite diferenciar con precisión el trabajo sexual de otros intercambios sexuales por necesidades básicas y deja fuera las actividades realizadas exclusivamente por internet.
