La guerra contra las drogas lleva décadas sirviendo de coartada para intervenciones que poco tienen que ver con la salud pública o la seguridad internacional.
El proyecto de ley pretendía obligar a todos los programas de jeringuillas a obtener un seguro de responsabilidad que tiene un coste económico alto. Además de grabar las jeringuillas con los logotipos de los servicios, con el consecuente coste económico añadido y corriendo el riesgo a contaminar el equipo estéril abriendo los paquetes para hacer este proceso.
La reforma impulsada por el Gobierno de República Checa para trasladar la coordinación de la política de drogas al Ministerio de Salud ha generado críticas entre profesionales y antiguos responsables del sector.