La epidemia de opiáceos en Canadá no muestra señales de disminuir, y un sentido de urgencia se está apoderando claramente de la aplicación de medidas de law enforcement (cumplimiento de la ley).
En los últimos meses, la policía ha comenzado a presentar cargos de homicidio involuntario contra traficantes de drogas por supuestamente vender dosis fatales de fentanilo y otros opiáceos sintéticos peligrosos.
Ha sucedido en Alberta y Ontario, y se prevé que sea más común. Las acusaciones son una señal de que los abogados y la policía de la Corona ven la necesidad de actuar con determinación frente a una crisis que costará más de 3.000 vidas este año.
Pero si bien este impulso es comprensible, no equivale a ser la mejor respuesta. Los delitos por tráfico graves ya existen y claramente no están funcionando, un resultado respaldado por la investigación. Un resumen de los hallazgos de expertos de la Universidad de Toronto en 2014 concluyó que «el delito no se disuade, generalmente, con sentencias más duras».
Por el contrario, las estrategias de reducción de daños como la legalización, la sustitución de opiáceos (o prescripción) y la inyección supervisada han demostrado su eficacia en lugares como Portugal y Suiza.
