Baremos de drogas: qué ha pasado con la revisión de Sanidad

Sanidad anunció que abordaría la distinción entre posesión y tráfico de drogas. Un año después, sigue sin explicar cómo avanza la revisión de unas cantidades que pueden llevar a acusar de tráfico a personas que las llevan para su propio consumo.

Sanidad ha abordado la necesidad de revisar los baremos de drogas, pero sigue sin concretar cómo piensa hacerlo. Preguntado por las actuaciones emprendidas y por la propuesta de impulsar un estudio sobre las cantidades que realmente se consumen de cada sustancia, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) remite a las competencias de Justicia y afirma que ya ha informado de los avances. No aclara, sin embargo, en qué punto se encuentra esa iniciativa ni qué resultados ha tenido el debate iniciado en el propio departamento.

En España, poseer drogas para consumo propio no constituye delito, aunque en espacios públicos puede conllevar una sanción administrativa. El estudio publicado en la Revista Española de Drogodependencias, del que soy coautor, examina los informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), obtenidos por transparencia. Esos documentos estiman las cantidades que una persona puede acumular para tres a cinco días de consumo. Los tribunales las utilizan como referencia para valorar el destino de la droga, pues superar esa previsión se considera un indicio de tráfico. Si la estimación de consumo está mal calculada, un usuario de drogas puede acabar acusado de tráfico por poseer una dosis para sí mismo (1). Entre los errores documentados: en ketamina, una dosis por toma se convierte en consumo diario. Para la metanfetamina se mantienen cuatro tomas diarias sin justificar esa frecuencia y se traslada el resultado a seis catinonas, cuya semejanza estructural y de efectos no acredita dosis equivalentes. En GBL se elige el extremo inferior de una horquilla mientras para otras sustancias se utiliza el superior (1, 2).

Anuncios, propuestas y acuerdos para revisar los baremos

En junio de 2024, la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones instó al Gobierno a crear un grupo sobre chemsex «en colaboración y consenso» con las administraciones, los «representantes de las personas afectadas» y los profesionales sanitarios y sociales. Sus conclusiones debían incorporarse a la actualización de la Estrategia Nacional sobre Adicciones (ENA) y al siguiente Plan de Acción (18).

Ese mismo año, una propuesta dirigida al Comité Asesor y Consultivo de ONG del Plan Nacional sobre el Sida (COAC) ya preveía un grupo con «representantes del Instituto Nacional de Toxicología, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Interior», junto con expertos en la materia y «miembros de organizaciones comunitarias», para actualizar la tabla de dosis del INTCF publicada por el PNSD, que reúne dosis mínimas psicoactivas, estimaciones de consumo diario y una previsión de acopio para tres a cinco días, atendiendo a la bibliografía y las cantidades de venta (21).

En abril de 2025, el Grupo de Trabajo de Chemsex de Sanidad acordó incorporar la esfera legal a la respuesta al fenómeno del chemsex, informar sobre los avances de la propuesta de ALEPH y valorar la actualización del cuadro del INTCF (4).

En octubre de 2025, Redacción Médica informó de que Sanidad rechazaba incluir los umbrales propuestos por ALEPH en el trámite de consultas de la nueva orden sobre psicótropos porque su objeto era solamente incorporar sustancias a las listas. La AEMPS añadió que «están fiscalizadas independientemente de la dosis» (5). Descartada aquella vía, quedaba por concretar otra. Al día siguiente, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, anunció una actuación con la delegada del PNSD y los ministerios competentes para abordar la delimitación entre posesión y tráfico desde una perspectiva de salud pública (6).

El impulso llegó también desde la propia delegada del PNSD, Xisca Sureda. En diciembre de 2025, propuso que el Grupo de Salud abordara los límites de tenencia con criterios clínicos y de salud pública. El acta señala que la propuesta se estaba «consensuando con el grupo de VIH del Ministerio». En enero se volvió a discutir el efecto de la penalización sobre la atención y Rabadán sugirió promover alternativas y evitar la prisión cuando concurriera consumo personal (20).

En 2026, el Grupo de Salud del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones (CEDOA) invitó a la entidad Imaginamás, que explicó cómo la inseguridad sobre las cantidades de tenencia y el miedo a las consecuencias penales dificultan la atención sanitaria, incluso la llamada al 112 ante una sobredosis. También recibió a Ana Koerting y Juan Hoyos, de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de Sanidad. Koerting resumió las objeciones a la base científica de los baremos expuestas en el grupo de chemsex y la propuesta de actualizarlos; Hoyos abordó las carencias de los sistemas de información para conocer la evolución de estas prácticas (7, 20).

En el Grupo de Trabajo de Chemsex, el reparto competencial ya se había invocado antes. El acta del 23 de marzo de 2026 recoge que el representante del PNSD, preguntado por la situación legal de las sustancias, señaló el margen limitado de actuación por las competencias de Justicia y del INTCF, «aunque se está trabajando en el tema». En esa misma reunión, Sureda se comprometió a contactar con las entidades para conocer su experiencia y sus puntos de vista, y anunció la participación comunitaria en la elaboración de la próxima ENA (24).

El documento final de recomendaciones del Grupo de Salud propone «revisar criterios técnicos» y mejorar la base de las decisiones judiciales con «estudios observacionales que permitan conocer adecuadamente la realidad de los consumos en entornos de chemsex». Añade la coordinación sanitaria, policial, judicial y penitenciaria. También propone integrar «de forma estructural» a las entidades comunitarias en la respuesta pública, con marcos estables de financiación y coordinación (7).

El 15 de junio, las entidades volvieron a plantear en el grupo la necesidad de intervenciones policiales no punitivas (24).

Las conclusiones presentadas al Pleno del CEDOA en junio señalan que «la penalización limita el acceso al sistema sanitario» y recomiendan formación, alternativas a la sanción y derivación asistencial. Sin embargo, ese resumen ya no recoge expresamente la revisión de dosis y los estudios que sí se incluyen en el documento final del Grupo de Salud. El PNSD informa de que el Pleno aprobó las conclusiones y recomendaciones (7, 13) y vincula esas recomendaciones con la futura Estrategia Nacional de Adicciones 2027-2034 y su primer Plan de Acción (2027-2030) (13).

Por su parte, los pliegos de la licitación para elaborar la ENA también incluyen a «personas usuarias y exusuarias» en las consultas. Exigen recoger los «consensos, recomendaciones y disensos» y explicar cómo se incorporan las aportaciones a los documentos estratégicos (19).

La propuesta de trasladar el debate al ámbito interno

El punto de inflexión aparece en la reunión de mayo, anterior a la presentación de las conclusiones al Pleno. José Luis Rabadán, presidente del Grupo de Salud del CEDOA, puso en duda que pudiera alcanzarse el objetivo de debatir la normativa, por su complejidad y su relación con Justicia, y propuso centrar el trabajo en recopilar y analizar datos sobre chemsex. Sureda defendió incluir lo ya trabajado en las conclusiones y recomendaciones del grupo, pero planteó que quizá debía dejar de tratarse en esos grupos y continuar «a nivel interno o de la administración» (8).

En octubre de 2026, el gabinete de Padilla remitió a la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis mi consulta sobre el seguimiento de la revisión de los baremos, el estudio de consumos reales y la coordinación con Justicia y el INTCF. Al día siguiente, Juan Hoyos, jefe de área de esa División, confirmó que habían abordado el asunto y trasladado sus consideraciones al CEDOA, pero que no se trataría en las dos sesiones pendientes del grupo de chemsex por afectar a competencias de otras instituciones. Remitió al PNSD para el seguimiento del Consejo.

El PNSD respondió finalmente que Justicia y sus órganos de apoyo han recibido la documentación y que los informes del INTCF exceden sus funciones. Afirmó que los avances ya se habían comunicado y describió las consultas reiteradas sobre ese asunto como una «carga adicional de gestión».

Posteriormente, Sureda ha explicado que su propuesta de continuar por vía interna obedecía a que, tras valorar el impacto del contexto punitivo en la salud, la revisión de los límites de tenencia correspondía a otros organismos, en concreto a Justicia (22).

Sin embargo, ni el artículo 480 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Reglamento del Instituto atribuyen expresamente al INTCF la función de fijar límites generales entre consumo propio y tráfico. Le encomiendan emitir dictámenes periciales y análisis toxicológicos sobre la naturaleza y composición de las drogas incautadas en cada procedimiento, investigaciones y estudios, pero no le atribuyen competencias para esa función, y la práctica de utilizar sus informes como referencia no equivale a una atribución normativa. Tampoco convierte la investigación sobre consumos reales o la coordinación entre departamentos, de lo que se iba a encargar Sanidad, en competencias exclusivas de Justicia (9, 15).

Fuera de Sanidad también hubo una iniciativa de interlocución sobre la criminalización de los usuarios de chemsex. El 8 de julio de 2024 y el 3 de febrero de 2026, la Delegación del Gobierno en Madrid y la comisaría provincial de la Policía se reunieron con varias entidades comunitarias para abordar estos asuntos.

Pero la realidad es que, hoy en día, sigue sin aclararse qué ha pasado con el estudio de consumos reales del PNSD, qué contactos se han mantenido con el INTCF y quién coordina los trabajos, aunque sean internos. Las últimas respuestas aportan una explicación sobre el cambio de cauce, pero no concreta si llegó a ponerse en práctica la continuación por vía interna ni cómo participarían las entidades y las personas usuarias. Está por ver, además, cómo se incorporarán finalmente la revisión y el estudio a la próxima ENA y a su Plan de Acción.

La participación del INTCF y de distintos departamentos ya figuraba en la propuesta desde el principio y el reparto de competencias ya se conocía cuando se planteó la revisión, por lo que no explica por qué ahora impediría continuarla. No se pedía al PNSD que sustituyera al Instituto en su labor ni a los tribunales en sus decisiones, sino que impulsara el estudio de consumos reales que ellos mismos habían proyectado y que coordinara el trabajo con los departamentos implicados.

El artículo 7.2 del Real Decreto 718/2024 atribuye a la Delegación del Gobierno para el PNSD «Impulsar y coordinar las relaciones con las diferentes administraciones e instituciones tanto públicas como privadas, incluyendo las organizaciones no gubernamentales» (letra b) y «Fomentar en el ámbito estatal la actividad investigadora en materia de drogas y de otras adicciones y proponer las líneas prioritarias de investigación» (letra g). Para cumplir las prioridades y objetivos de las estrategias y planes, la letra c) dispone que «coordinará las actuaciones de los Departamentos ministeriales», junto con las de otras administraciones y del tercer sector (3, 6, 9).

El propio CEDOA, en el seno del PNSD, reúne a Sanidad, Interior, Justicia —a través de la unidad responsable del INTCF— y Fiscalía Antidroga, junto a entidades y expertos. Es, por tanto, un foro idóneo para abordar una revisión que requiere la participación de todos ellos. Como explica la propia Sureda, es «el espacio clave para que todos los agentes participen en el diseño y evaluación de las políticas». La delegada también citaba la «participación de la ciudadanía» entre los principios que deben seguir sus grupos de trabajo (14).

El propio PNSD había explicado en una respuesta de transparencia que la participación de la sociedad civil en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas de drogas «se articula a través de los órganos colegiados y mecanismos de cooperación del Plan Nacional sobre Drogas», entre los que citaba al CEDOA. Esa era la función que atribuía al Consejo antes de plantear, en mayo, que el debate continuara por vía interna (16).

Las Directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas incluyen la «participación significativa» de las personas directamente afectadas en el diseño, la aplicación y la evaluación de estas políticas (17).

Portugal muestra cómo repartir esas responsabilidades

La singularidad española ya aparecía en la comparación europea del seminario TNI-EMCDDA de 2011: España era el único país examinado que encomendaba la fijación de estas cantidades a un organismo científico externo al poder legislativo o judicial. En otros países se habían establecido mediante leyes parlamentarias, como en Chipre; disposiciones ministeriales, como en Italia y Portugal; instrucciones policiales o de Fiscalía, como en los Países Bajos; o resoluciones judiciales, como en Alemania y Suecia (10).

Portugal ofrece un ejemplo cercano, dentro del mismo marco internacional de fiscalización de drogas que España. Su legislación toma como referencia la cantidad correspondiente a diez dosis medias diarias. Superarla constituye un indicio de que la droga puede tener un destino distinto del consumo propio, pero no convierte por sí solo la posesión en tráfico. Si se acredita que estaba destinada exclusivamente al consumo, procede el archivo o la absolución y la remisión a la comisión de disuasión (11, 12).

El artículo 71 de su ley de drogas atribuye la fijación de las dosis diarias a Justicia y Sanidad, mediante una disposición conjunta y previa consulta al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al Laboratorio de Policía Científica. Además, tras la reforma de 2023, prevé que las cantidades se actualicen, siempre que sea posible, cada seis meses o cuando lo aconsejen los conocimientos científicos y los datos sobre consumo (11, 12).

En España, falta una regulación específica que establezca quién aprueba y revisa estas cantidades de referencia, mediante qué procedimiento y con qué periodicidad (1, 15). Esa regulación puede establecerse, como muestra el ejemplo portugués.

Los errores descritos en los informes del INTCF afectan especialmente a sustancias utilizadas en chemsex. El propio CEDOA advierte de que el estigma y la inseguridad jurídica dificultan el acceso a la atención en esos contextos y favorecen la ocultación del consumo. Los riesgos de las drogas requieren prevención y asistencia, pero no permiten convertir a una persona consumidora en traficante como solución al problema. Los informes ya publicados demuestran por sí mismos errores en los cálculos actuales. Sanidad debe explicar cómo dará continuidad a la revisión o, si ha decidido no seguir impulsándola, por qué motivo. La atribución de competencias a Justicia no aclara qué actuaciones se han realizado, quién las coordina ni cómo se mantendrán la información y la participación de las entidades y las personas afectadas (1, 7, 8, 22, 23).

 

Referencias

(1) García Cortina, P., y Azorín Ortega, F. (2026). Del consumo propio al delito de tráfico de drogas en contextos de chemsex: los baremos establecidos en los informes del INTCF. Revista Española de Drogodependencias, 51(3). https://doi.org/10.54108/10146 

(2) Materiales complementarios del artículo: informes originales del INTCF y documentación administrativa. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22943419 

(3) Propuesta al Ministerio de Sanidad sobre actualización de la tabla de dosis de drogas. (2024, noviembre).

(4) Ministerio de Sanidad, División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. (2025, 25 de abril). Acta del Grupo de Trabajo Chemsex: coordinación de la respuesta en la esfera legal, p. 1.

(5) Ministerio de Sanidad / AEMPS. (2025). Proyecto de orden de inclusión de nuevas sustancias en el anexo 1 del Real Decreto 2829/1977 y memoria del análisis de impacto normativo. Respuesta de 17 de octubre, anexo I. https://www.sanidad.gob.es/normativa/audiencia/docs/2025.10.22Texto_y_MAIN_IP_POM_incluyen_nuevas_sustancias_en_el_anexo_1_del_RD_28291977,_de_6_de_octubre.pdf Véase también Ortega, E., y Martín, S. (2025, 22 de octubre). Sanidad descarta umbrales de consumo en su nuevo control de psicotrópicos. Redacción Médica. https://www.redaccionmedica.com/politica/ministerio-sanidad/20251022/sanidad-descarta-umbrales-de-consumo-en-su-nuevo-control-psicotropicos/251422_0.html   

(6) Padilla Bernáldez, J. (2025, 23 de octubre). Intervención en la apertura de Chemsex Support Hub Barcelona, (00:28–00:33). https://www.youtube.com/watch?v=K3xF3Ad2pN0&t=1707s 

(7) Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones. (2026). Resumen actividad – curso 2025/2026. Grupo de Trabajo Salud, pp. 2 y 5–7. https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/organigrama/funciones/pdf/2025_2026_Actividad_GT__CEDOA.pdf 

(8) Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, Grupo de Trabajo Salud. (2026, 26 de mayo). Acta de la reunión, pp. 1–2.

(9) Real Decreto 718/2024, de 23 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad. Artículo 7.2.b), c) y g). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-15213#a7 

(10) Harris, G. (2011). TNI-EMCDDA Expert Seminar on Threshold Quantities. Lisboa, 20 de enero de 2011, pp. 4–5. https://www.tni.org/files/publication-downloads/thresholds-expert-seminar.pdf 

(11) Portugal. Portaria n.º 94/96, de 26 de março, apartado 9.º y mapa anexo. Diário da República, I Série-B, n.º 73, pp. 611–613. https://files.diariodarepublica.pt/gratuitos/1s/1996/03/073b00.pdf 

(12) Portugal. Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, art. 71.º: https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/15-1993-585178 Redacción modificada por la Lei n.º 55/2023, de 8 de setembro, arts. 2.º–4.º, que también modifica el art. 2.º de la Lei n.º 30/2000: https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/55-2023-221432122 

(13) Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones. Pleno de 17 de junio de 2026. Acta, pp. 4–7 y 13; presentación de la sesión, p. 7. https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/organigrama/funciones/pdf/2026_Presentacion_Sesion_plenaria_1706.pdf 

(14) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Composición del Pleno del CEDOA, actualizada el 25 de febrero de 2026, pp. 1–2; Sureda, F. Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, junio de 2026, pp. 1–3. https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/organigrama/funciones/pdf/2026_CEDOA__pleno_consejo.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/organigrama/funciones/pdf/2026_CEDOA_pleno_consejo_junio.pdf 

(15) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 480; Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología, artículos 1, 2 y 14. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-13070 

(16) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (2026, 16 de octubre). Resolución R CTBG 2026-1086, expediente 397/2026.

(17) Directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas. (2019). Apartado I.4, «Participación significativa», p. 6. Versión en español. https://www.humanrights-drugpolicy.org/site/assets/files/1671/hrdp_guidelines_spanish_2020.pdf 

(18) Cortes Generales, Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. (2024, 13 de junio). Proposición no de Ley relativa al estudio de la problemática del chemsex, aprobada con modificaciones. BOCG, Sección Cortes Generales, serie A, núm. 66, de 25 de junio de 2024, pp. 13–14; expedientes 161/000525 (CD) y 663/000021 (S). https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CORT/BOCG/A/BOCG-15-CG-A-66.PDF 

(19) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. (2026, 20 de mayo). Pliego de prescripciones técnicas de servicios de consultoría para la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2027-2034 y el Plan de Acción sobre Adicciones 2027-2030, pp. 4–5. Expediente 202618PSS001. https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D&DocumentIdParam=yePDuGJaVwiYQB7h5ObSlhwxCQTscWO1XAAlE7luW%2BkfQ4c4kRSQSPiMbUGy4UP4ukVYl/iU%2BdBt7wvithf33i3SuR%2BtT9XpBCEBTUR05bP3GVhXrFFqN7yFncy7YfRK 

(20) Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, Grupo de Trabajo Salud. Actas de las reuniones de 5 de diciembre de 2025, pp. 2–3; 20 de enero de 2026, pp. 1–4; 17 de febrero de 2026, pp. 1–3; y 24 de marzo de 2026, pp. 2–4.

(21) Instituto Nacional de Toxicología. Cuadro de dosis mínimas psicoactivas de las principales sustancias tóxicas objeto de tráfico de drogas, actualmente vigente. Versión revisada el 1 de agosto de 2021, publicada por el Plan Nacional sobre Drogas. https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/legislacion/delitos/pdf/20210730_INTF_dosis_minimas_psicoactivas_trafico_de_drogas.pdf 

(22) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. (2026, 26 de octubre). Resolución de acceso a la información pública, expediente AC2000001064926, sobre la revisión del marco normativo y su impacto en salud pública.

(23) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. (2026, 26 de octubre). Resolución de acceso a la información pública, expediente AC2000001064944, y convocatorias de reuniones de coordinación del CEDOA facilitadas con ella.

(24) Ministerio de Sanidad, Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. (2026, 19 de octubre). Resolución de acceso a la información pública, expediente AC2000001064910. Anexos II y III: actas resumen del Grupo de Trabajo de Chemsex de 23 de marzo de 2026, pp. 1–3, y 15 de junio de 2026, pp. 1–2.

(25) Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio. (2026, 26 de octubre). Resolución de acceso a la información pública, expediente AC2000000947315, relativa a la reunión de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre chemsex de 3 de febrero de 2026.

 

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