El 19 de octubre, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) respondió a mis preguntas sobre la revisión de los baremos utilizados para distinguir el consumo propio del tráfico. Reconoce que la cuestión se ha analizado en sus grupos de trabajo, remite a las competencias de Justicia y afirma que ya ha informado de los avances. Sin embargo, no identifica el estado del estudio de consumos reales que barajaba, quién lo coordina ni qué actuaciones han seguido al debate.

En España, poseer drogas para consumo propio no constituye delito, aunque en espacios públicos puede conllevar una sanción administrativa. La cantidad es un indicio del destino al tráfico: si la estimación de consumo está mal calculada, alguien puede acabar acusado de vender lo que lleva para sí mismo (1).

El estudio que he publicado con el abogado Francisco Azorín Ortega examina los informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), obtenidos por transparencia. En ketamina, una dosis por toma se convierte en consumo diario. Para la metanfetamina se mantienen cuatro tomas diarias sin justificar esa frecuencia y se traslada el resultado a seis catinonas, cuya semejanza estructural y de efectos no acredita dosis equivalentes. En GBL se elige el extremo inferior de una horquilla mientras para otras sustancias se utiliza el superior (1, 2).

Una revisión anunciada en varios espacios

En 2024, una propuesta dirigida al Comité Asesor y Consultivo de ONG del Plan Nacional sobre el Sida (COAC) planteaba reunir a Sanidad, Interior y Toxicología con especialistas comunitarios para actualizar la tabla, atendiendo a la bibliografía y las cantidades de venta (3).

El 25 de abril de 2025, el Grupo de Trabajo de Chemsex de Sanidad acordó incorporar la esfera legal a la respuesta, informar sobre los avances de la propuesta de ALEPH y valorar la actualización del cuadro del INTCF (4).

El 22 de octubre, Redacción Médica informó de que Sanidad rechazaba incluir los umbrales propuestos por ALEPH en la nueva orden de psicótropos porque su objeto era incorporar sustancias a las listas (5). Al día siguiente, Javier Padilla anunció una actuación con la delegada del PNSD y los ministerios competentes para abordar la delimitación entre posesión y tráfico desde la salud pública (6). Descartada aquella vía, quedaba por concretar otra.

El Grupo de Salud del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones (CEDOA) escuchó a Imaginamás el 17 de febrero de 2026 y a Ana Koerting y Juan Hoyos, de Sanidad, el 24 de marzo. Sus recomendaciones proponen revisar los criterios, estudiar los consumos reales y mejorar la coordinación sanitaria, policial, judicial y penitenciaria (7).

El 26 de mayo, José Luis Rabadán, presidente del grupo, propuso centrarse en vigilancia por la complejidad del debate normativo y su relación con Justicia. Xisca Sureda, delegada del PNSD, defendió recoger lo trabajado, aunque planteó continuar «a nivel interno o de la administración». Beatriz Mesías propuso mantener el objetivo. El acta no recoge un acuerdo de cancelar la revisión (8).

Las competencias no explican el seguimiento

El 6 de octubre, el gabinete de Padilla remitió mi consulta a la División de VIH. Al día siguiente, Juan Hoyos confirmó que habían abordado el asunto y trasladado sus consideraciones al CEDOA, pero que no se trataría en las dos sesiones pendientes del grupo de chemsex por afectar a competencias de otras instituciones. Remitió al PNSD para el seguimiento del Consejo.

El PNSD respondió el 19 de octubre que Justicia y sus órganos de apoyo han recibido la documentación y que los informes del INTCF exceden sus funciones. Afirmó que los avances ya se habían comunicado y describió las consultas reiteradas como una «carga adicional de gestión».

Sigue sin aclararse qué ha pasado con el estudio de consumos reales propuesto, qué contactos se han mantenido con el INTCF y quién coordina el trabajo, con qué resultados y calendario. Tampoco si llegó a concretarse la continuación por vía interna ni cómo participarían las entidades y las personas usuarias. 

La coordinación con Justicia ya formaba parte del planteamiento inicial. Además, fomentar la investigación y coordinar las relaciones con administraciones y entidades son funciones del PNSD. No necesita sustituir a los tribunales para impulsar ese trabajo (9).

Portugal muestra cómo repartir esa responsabilidad

La comparación europea de TNI-EMCDDA de 2011 recogía leyes parlamentarias en Chipre, disposiciones ministeriales en Italia y Portugal, directrices policiales o fiscales en los Países Bajos y decisiones judiciales en Alemania. España era el único país examinado que atribuía esa tarea a un organismo científico experto, externo a quienes aprueban normas o juzgan. Esas cantidades cumplían funciones distintas; lo comparable aquí es quién las fija y cómo se revisan (10).

Portugal ofrece un ejemplo cercano. La Portaria 94/96 publica las dosis medias diarias: para la cocaína fija 0,2 g de clorhidrato. El artículo 71 de su ley de drogas atribuye su fijación conjunta a Justicia y Sanidad, mediante una disposición ministerial y previa consulta al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al Laboratorio de Policía Científica. La reforma de 2023 establece que se actualice, siempre que sea posible, cada seis meses o cuando lo requieran los datos científicos o de consumo. También aclara que superar la referencia de diez días es un indicio: si se acredita el destino exclusivo al propio consumo, procede cerrar la vía penal y remitir a la comisión de disuasión (11, 12).

Ese diseño no demuestra que Portugal cumpla siempre sus obligaciones de revisión. Sí muestra que la intervención de varios departamentos puede tener responsables y un cauce definidos. En España, invocar el reparto de competencias no explica qué se hizo con la coordinación anunciada ni impide proponer un procedimiento público para revisar las cantidades.

Los errores descritos afectan especialmente a sustancias utilizadas en chemsex. El propio CEDOA advierte de que el estigma y la inseguridad jurídica dificultan el acceso a la atención y favorecen la ocultación del consumo. Los riesgos de las drogas requieren prevención y asistencia; no convierten a una persona consumidora en traficante. La reducción de daños también debe ocuparse de las consecuencias de esa confusión. Los informes ya publicados permiten comprobar los cálculos. Falta que Sanidad explique cómo dará continuidad al trabajo que empezó a abordar (1, 7).