La regulación del cannabis medicinal aprobada este mes por el Gobierno ha sido acogida con cautela en un sector integrado en España por 70 empresas con casi medio millar de empleados y unos activos invertidos que alcanzan los 147 millones de euros. Esos datos se deben, fundamentalmente, a una producción que hasta ahora iba destinada al completo a la exportación a otros países por ser ilegal aquí su uso.
Las limitaciones de la regulación (se excluyen las flores de la planta (cogollos) y se restringe su prescripción a médicos especialistas y la dispensación, inicialmente, a farmacias hospitalarias) son las que alimentan esa cautela de un sector empresarial que ha llegado a situar a España en el G-7 de los mayores productores mundiales de cannabis medicinal. Y lo ha hecho gracias a las autorizaciones de cultivo para esos fines que concede desde hace más de una década la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, en virtud de una ley de 1967, o sea, aprobada durante la dictadura de Franco.
