El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dibuja un escenario de mercados de uso ilícito en rápida transformación, con más sustancias sintéticas, más diversificación y una oferta que se adapta con rapidez a los cambios políticos, económicos y policiales.
Según UNODC, unas 331 millones de personas consumieron alguna sustancia en 2024, el 6,2% de la población mundial de entre 15 y 64 años. Diez años antes, esa proporción era del 5,2%. El cannabis sigue siendo la sustancia más consumida, con 256 millones, seguido de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis.
El informe destaca el crecimiento de las sustancias sintéticas y de la aparición de nuevas. En 2024 se notificaron 755 nuevas sustancias psicoactivas en circulación en los mercados, 118 de ellas comunicadas por primera vez. UNODC advierte de que algunas de estas sustancias son más potentes o peligrosas que las conocidas previamente.
Uno de los puntos críticos es el mercado de opioides. La caída de la producción de opio y heroína en Afganistán, tras la prohibición impuesta en 2022, no ha eliminado la demanda. Según el informe, la mayor disponibilidad de opioides sintéticos como fentanilos, nitazenos y orfinas sugiere que los grupos delictivos están buscando alternativas a la heroína. Este desplazamiento hacia sustancias sintéticas puede aumentar los riesgos para la salud, especialmente por su potencia y por la dificultad de controlar su composición.
La cocaína también mantiene una expansión. UNODC estima que la producción superó las 4.000 toneladas en 2024, más de cuatro veces la cifra de hace una década. Al mismo tiempo, el mercado de la metanfetamina se ha vuelto más global, con nuevas rutas, expansión de la producción y aumento de las incautaciones.
Además, el informe ha reabierto el debate sobre qué respuestas políticas son más eficaces. Personas expertas en derechos humanos de Naciones Unidas reclaman un cambio de enfoque: pasar del castigo al cuidado y el apoyo, con políticas basadas en derechos humanos, prevención, tratamiento, reducción de daños, regulación basada en evidencia y acompañamiento social.
Por otro lado, desde la sociedad civil, el International Drug Policy Consortium (IDPC) ha sido más crítico con el informe de UNODC. La red internacional considera que el documento describe con detalle el crecimiento de los mercados, los daños sanitarios y los efectos de las respuestas punitivas, pero evita sacar conclusiones políticas claras. En particular, IDPC cuestiona que el informe no aborde de forma suficiente alternativas como la descriminalización, la reducción de daños o la regulación responsable.
La organización también señala una ausencia especialmente llamativa, la falta de una apuesta clara por intervenciones como la distribución de naloxona, los servicios de análisis de sustancias o las salas de consumo supervisado, pese a que el propio informe describe el aumento de opioides sintéticos, sobredosis y otros daños asociados al consumo.
El debate de fondo no es solo cuántas drogas circulan, sino qué políticas se aplican frente a un mercado que cambia más rápido que las respuestas institucionales. Para UNODC, el crecimiento de las redes criminales exige más cooperación internacional, inteligencia y prevención. Para expertos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil, esa respuesta debe ir acompañada de un giro más profundo: menos criminalización de las personas que usan sustancias y más inversión en salud, reducción de daños, tratamiento y derechos humanos.
