Las pruebas que realizan agentes de tráfico, guardias civiles o policías, para comprobar si quien conduce un vehículo ha consumido drogas generan bastante controversia acerca de su eficacia y fiabilidad. Personas que dieron positivo en un primer test con una muestra de saliva y luego negativo en un segundo de contraste, lo que se denomina un falso positivo, y sentencias judiciales que anularon por defectos en el procedimiento seguido las sanciones impuestas –pago de 1.000 euros y retirada de seis puntos del carné de conducir–, han puesto en entredicho los llamados drogotest. La Dirección General de Tráfico (DGT) asegura, en cambio, que la fiabilidad del proceso «está garantizada».
Los abogados Francisco Azorín y Héctor Brotons, del estudio jurídico Brotansbert, han atendido en los últimos seis años más de un centenar de casos de conductores de diferentes partes de España que han recurrido en los juzgados sus multas por posibles irregularidades en el procedimiento seguido con la prueba del drogotest. Ahora, estos dos letrados, miembros del Consejo Técnico del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), han plasmado toda esa experiencia en un trabajo de investigación que han publicado en la Revista Española de Drogodependencias, dirigida a profesionales de la justicia, la medicina, psicología y los cuerpos de seguridad, con el que pretenden demostrar que existe suficiente bibliografía científica y jurídica para reformar la normativa sobre los test de drogas en nuestro país.
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