Por cualquier lugar de Honduras donde uno camine, lo más probable es que se encuentre en territorio del narcotráfico. Este país ha sido, desde hace medio siglo, la base centroamericana del tráfico de drogas y el crimen organizado ha penetrado toda la institucionalidad. Si un hondureño se topa con alguna autoridad —policía, alcalde, diputado…— es muy posible que esta responda a intereses del crimen organizado. Aquí el narcotráfico se ha movido al ritmo de los intereses de Estados Unidos.
Los recientes juicios celebrados en Nueva York contra traficantes de droga hondureños permiten dimensionar la penetración del crimen organizado: jefes militares y policiales, políticos, empresarios, alcaldes y tres presidentes han sido vinculados al tráfico de cocaína o señalados de haber recibido fondos del narcotráfico.
Pero los juicios tienen una subtrama que ha quedado enterrada ante los escandalosos testimonios de criminales: evidencian el choque de agendas entre distintas instituciones estadounidenses involucradas en América Central. La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el Departamento de Estado casi nunca han actuado en concierto.
Leer el artículo de opinión completo en washingtonpost.com
