Las autoridades filipinas han intensificado los esfuerzos para detener al senador Ronald Dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional y uno de los principales responsables de la campaña antidrogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió recientemente una orden de arresto contra Dela Rosa por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con la denominada «guerra contra las drogas» desarrollada durante el mandato de Duterte.
La CPI acusa a Dela Rosa, junto al expresidente y otros presuntos coautores, del «crimen contra la humanidad de asesinato». La investigación del tribunal internacional se centra en la campaña antidrogas puesta en marcha tras la llegada de Duterte a la presidencia en 2016, una estrategia que dejó miles de muertos, muchos de ellos personas consumidoras de sustancias y pequeñas vendedoras, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Tras conocerse la orden de arresto, Dela Rosa recurrió al Tribunal Supremo de Filipinas para intentar impedir su detención. Durante varios días permaneció refugiado en el Senado mientras solicitaba medidas cautelares contra la ejecución de la orden emitida por la CPI. Sin embargo, el alto tribunal rechazó admitir a trámite el recurso presentado por el senador.
Después de la decisión judicial, la Fiscalía filipina ordenó a la Policía Nacional y a la Oficina Nacional de Investigación ejecutar la detención sin demora. El ministro de Justicia, Frederrick Vida, confirmó que las fuerzas de seguridad han recibido instrucciones para arrestar al senador y sostuvo que la orden de la CPI es válida y ejecutable. Las autoridades consideran actualmente a Dela Rosa un «fugitivo de la justicia» y aseguran que no existen impedimentos legales para proceder a su captura.
Dela Rosa sostiene que la orden de arresto es ilegal porque Filipinas abandonó en 2019 el Estatuto de Roma, el tratado internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, desde la procuradoría general del Estado se argumenta que la retirada del tratado no exime al país de cooperar con procedimientos que ya estaban en marcha antes de la salida formal de Filipinas de la CPI.
La Fiscalía también ha señalado que, una vez detenido, nada impediría el traslado de Dela Rosa a La Haya para responder ante el tribunal internacional. La orden de arresto sostiene que existen motivos razonables para considerar que el exjefe policial podría ser responsable penalmente como coautor indirecto de crímenes contra la humanidad cometidos durante la campaña antidrogas.
Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022, fue detenido y trasladado a Países Bajos en marzo de 2025. Actualmente permanece bajo custodia en La Haya a la espera de juicio por su papel en la «guerra contra las drogas». Según las cifras oficiales filipinas, esta campaña provocó unas 6.000 muertes, aunque organizaciones de derechos humanos elevan el balance a más de 30.000 fallecidos.
