La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 18 de abril ha sido recibida con titulares que hablan de legalización y ruptura histórica. Sin embargo, el alcance real de la medida exige una lectura más precisa. Trump es proclive a dejar titulares que “escriben la Historia”, pero luego hay que leer y rebajar las expectativas. De hecho, la ibogaína ni siquiera ha sido legalizada. Tras la orden ejecutiva sigue clasificada como sustancia prohibida a nivel federal. Con todo, desde la óptica de la lenta pero inevitable legalización de las sustancias psiquedélicas, en esta noticia hay un cambio que podría llegar a ser relevante: lo que ha hecho la Casa Blanca es abrir un camino institucional para que la situación actual pueda cambiar.
No es poca cosa, pero todo está por hacer. El texto impulsa la aceleración de ensayos clínicos, ordena a las agencias federales priorizar la evaluación de terapias basadas en psicodélicos y moviliza financiación pública para su investigación. También deja abierta la puerta a una eventual reclasificación de estas sustancias si la evidencia científica lo justifica. ¿Qué ha hecho cambiar a Trump de parecer? ¿Ha cedido a las presiones?
