El mercado siempre va a una velocidad mucho mayor que cualquier administración, cualquier parlamento. Y en eso la industria del cannabis no es una excepción. Casi el 60% de las licencias que tiene concedidas actualmente el Gobierno para producir cannabis con fines médicos y científicos se encuentra en manos de capital extranjero, que ha visto en España una oportunidad de mercado pese a tratarse de un país donde aún no ha sido legalizado su uso, aunque sí se permite su exportación.
Las autorizaciones para cultivar cannabis con fines medicinales las concede con carácter temporal la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 18/1967 de 8 de abril, firmada en el Palacio del Pardo por el general Francisco Franco. Y cuatro de las siete licencias que actualmente se encuentran en vigor, según la última actualización de la AEMPS realizada el pasado 31 de enero, son de empresas financiadas con capital procedente de otros países, fundamentalmente EEUU, Canadá y Gran Bretaña, las tres potencias mundiales de la industria cannábica regulada. Otras doce entidades tienen autorización para cultivar, pero únicamente con fines de investigación.
Leer el artículo en Publico.es
