Un informe del Instituto Deusto de Drogodependencias, en el País Vasco, advierte de la estrecha relación entre el consumo de drogas, la exclusión social y la salud mental entre las personas privadas de libertad en el País Vasco. El estudio analiza las trayectorias vitales y sociales de la población reclusa y plantea la necesidad de reforzar los programas de tratamiento y reinserción.
La investigación se basa en una muestra de 441 personas en los tres centros penitenciarios de País Vasco y en recursos alternativos a la prisión, lo que permite ofrecer una fotografía detallada de la situación actual. El objetivo del estudio fue analizar cómo se relacionan las adicciones —tanto a sustancias como a conductas, como el juego— con factores sociales, familiares, laborales y de salud.
Uno de los datos más claros del informe es la elevada presencia de problemas asociados al consumo de drogas. El 70% de las personas participantes afirmó haber tenido dificultades con el consumo en algún momento de su vida. En los últimos 12 meses, las sustancias más consumidas fueron el tabaco (75,2%), el alcohol (58,7%), el cannabis (58,5%) y la cocaína (54,9%).
El documento también pone el foco en la salud mental, un aspecto especialmente preocupante dentro del sistema penitenciario. Más de seis de cada diez personas encuestadas declararon haber sufrido depresión (63,2%) o ansiedad (59,9%), mientras que un 52,4% señaló sentirse aislado socialmente. Además, el 16% manifestó haber intentado suicidarse alguna vez. El informe advierte de que la vida en prisión puede generar altos niveles de estrés emocional, marcados por la incertidumbre, la privación de libertad y la convivencia en un entorno restrictivo.
El estudio insiste en que las adicciones no pueden entenderse únicamente desde el comportamiento individual. Factores como el desempleo, la precariedad económica, el bajo nivel educativo o la ruptura de redes familiares y sociales aparecen de forma recurrente en las trayectorias de las personas privadas de libertad. Aunque cerca de la mitad de las personas encuestadas trabajaba antes de ingresar en prisión, la estabilidad laboral era limitada y una parte significativa obtenía ingresos en la economía informal.
Otro aspecto que destaca el informe es la frecuencia de experiencias de violencia a lo largo de la vida. El 48,6% de las personas participantes declaró haber sufrido malos tratos físicos, el 58% malos tratos psicológicos y el 13,7% agresiones sexuales. Estas situaciones fueron especialmente frecuentes entre las mujeres, que presentan mayores niveles de vulnerabilidad y necesidades específicas de atención.
A partir de estos resultados, el informe concluye que es necesario reforzar los programas de atención en prisión, especialmente los relacionados con la salud mental y la continuidad del tratamiento tras la salida. También señala la importancia de incorporar una perspectiva de género y de mejorar las oportunidades de formación y empleo, consideradas claves para favorecer la reinserción social y reducir la reincidencia.
