Cada año, el Informe Europeo sobre Drogas ofrece una de las fotografías más completas sobre la evolución de los consumos, los mercados de sustancias y los riesgos emergentes en Europa. Elaborado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), integra información procedente de sistemas de vigilancia epidemiológica, análisis de aguas residuales, registros sanitarios, servicios de tratamiento, decomisos policiales y sistemas de alerta temprana.
Su principal valor reside en la capacidad para identificar tendencias emergentes y orientar las respuestas de salud pública. Y precisamente por ello merece una lectura que vaya más allá de las cifras.
El informe de 2026 confirma algunas tendencias ya conocidas: la elevada disponibilidad de cocaína, la expansión de los mercados de drogas sintéticas y la creciente complejidad de los patrones de consumo. Pero también deja un mensaje menos visible y profundamente relevante: los daños asociados a los consumos siguen distribuyéndose de forma desigual y afectan con mayor intensidad a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.
Una Europa donde las sustancias son cada vez más accesibles
Uno de los principales hallazgos del informe 2026 es la consolidación de la cocaína como una de las sustancias más presentes en el mercado europeo. Las cifras de decomisos continúan alcanzando niveles históricos y los indicadores muestran una elevada disponibilidad en numerosos países.
Al mismo tiempo, Europa asiste a una expansión de los estimulantes sintéticos y a la aparición constante de nuevas sustancias psicoactivas. Entre ellas, la EUDA alerta especialmente sobre los nitazenos, opioides sintéticos de elevada potencia que han comenzado a asociarse a intoxicaciones graves y fallecimientos en distintos contextos europeos.
La creciente presencia de sustancias adulteradas o mezcladas con compuestos desconocidos añade un nuevo nivel de complejidad. Cada vez resulta más difícil saber qué se está consumiendo realmente y cuáles son los riesgos asociados.
A ello se suma el policonsumo. Muchas de las urgencias médicas y sobredosis registradas actualmente, según el informe, implican varias sustancias simultáneamente. La realidad de los consumos contemporáneos ya no puede entenderse desde una lógica centrada en una única sustancia.
Violencia, exclusión y desigualdad: los riesgos no se reparten por igual
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el aumento de la violencia vinculada a determinados mercados de drogas y la creciente implicación de adolescentes y personas jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La EUDA advierte sobre la captación de jóvenes por parte de organizaciones criminales para actividades relacionadas con el transporte, la distribución o la intimidación. Aunque estas situaciones suelen abordarse desde perspectivas centradas exclusivamente en la seguridad, el informe apunta también hacia factores sociales más profundos.
Las redes criminales encuentran terreno fértil allí donde existen desigualdades persistentes, exclusión social, abandono escolar, precariedad y ausencia de oportunidades.
Esta cuestión resulta especialmente importante desde una perspectiva de derechos humanos. Los daños asociados a las drogas no dependen, al menos a priori, únicamente de las sustancias. Sino que están profundamente condicionados por los contextos sociales en los que viven las personas y se producen los consumos.
No es casualidad que el informe identifique mayores riesgos entre personas en situación de sinhogarismo, personas que consumen sustancias inyectadas, personas con problemas de salud mental o comunidades que enfrentan barreras para acceder a recursos sanitarios y sociales.
La vulnerabilidad no nace únicamente del consumo. Se construye en la intersección entre pobreza, discriminación, trauma, violencia y exclusión.
¿Dónde queda el género?
Aunque el género sigue ocupando un espacio relativamente limitado en muchos sistemas de información sobre drogas, el informe vuelve a recordar la necesidad de fortalecer respuestas sensibles a las desigualdades entre mujeres y hombres, pero sin aterrizar en recomendaciones claras o a instar a los estados miembros de manera más apelativa.
Sabemos que las mujeres afrontan barreras específicas para acceder a tratamiento y apoyo: violencia de género, responsabilidades de cuidado, dependencia económica, estigma asociado a la maternidad o experiencias traumáticas previas. Las experiencias relacionadas con las drogas están atravesadas por múltiples ejes de desigualdad que interactúan entre sí: género, clase social, origen étnico, edad, situación administrativa, diversidad funcional o exclusión residencial.
Por ello, las respuestas eficaces requieren una perspectiva interseccional capaz de comprender cómo estas desigualdades se acumulan y condicionan tanto la exposición al riesgo como las posibilidades de disfrutar de bienestar y salud.
Lo que todavía no estamos mirando suficientemente
El informe realiza una labor esencial de monitorización de los mercados de drogas ilícitas y de las nuevas sustancias emergentes. Esta vigilancia es imprescindible para anticipar riesgos y diseñar respuestas adecuadas.
Sin embargo, desde una perspectiva de salud pública conviene recordar que algunas de las sustancias que generan una mayor carga de impacto en Europa continúan siendo legales.
El alcohol sigue teniendo un enorme impacto en términos de mortalidad, enfermedades crónicas, lesiones, siniestralidad vial y violencia. Del mismo modo, numerosos países europeos mantienen elevadas tasas de consumo de hipnosedantes y ansiolíticos, especialmente entre mujeres, medicalizando un problema social nacido de la desigualdad estructural.
Si queremos comprender realmente los daños asociados al consumo de sustancias, necesitamos sistemas de monitorización capaces de observar de forma integrada tanto los mercados ilícitos como las tendencias relacionadas con sustancias legales. La salud pública no distingue entre sustancias legales e ilegales cuando evalúa las barreras asociadas al pleno acceso a los derechos.
Una agenda de salud pública y derechos humanos
Quizás la principal enseñanza del Informe Europeo sobre Drogas 2026 sea que la complejidad de los mercados convive con la complejidad de las desigualdades.
Las respuestas del futuro deberán seguir fortaleciendo la prevención basada en evidencia, la reducción de daños, el tratamiento y el apoyo a la recuperación. Pero también deberán abordar las condiciones estructurales que amplifican los riesgos: la pobreza, la exclusión, la violencia, el estigma y las barreras de acceso a derechos básicos.
Porque detrás de cada indicador hay personas. Y porque los daños asociados a las sustancias siguen concentrándose allí donde también se concentran otras formas de vulnerabilidad. Si algo nos recuerda este informe es que las políticas de drogas son, o deberían ser, en última instancia, políticas de salud pública, justicia social y de garantía de derechos.
