La Addiction Science Defense Network ha publicado un informe en el que analiza los efectos de distintas medidas federales adoptadas en 2025 sobre la ciencia y los servicios relacionados con las adicciones en Estados Unidos. El documento, titulado La ciencia de las adicciones bajo asedio: el impacto de las medidas federales en la investigación, la prevención, el tratamiento y la recuperación en 2025, recoge los efectos de recortes, cancelaciones de subvenciones, reducción de personal y cambios en sistemas de información utilizados para el seguimiento del consumo de sustancias, las muertes por sobredosis y otros indicadores de salud pública.
A partir de las 26 órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca durante el primer año del segundo mandato de Trump, el informe ofrece la evaluación más completa hasta la fecha sobre cómo las interrupciones y recortes en las políticas federales, la financiación, el personal y los sistemas de monitorización afectaron la infraestructura científica y de salud pública que sustenta la prevención y el tratamiento de las adicciones en todo el país.
El documento, elaborado por un grupo de trabajo interdisciplinar formado por personal científico, médico, economistas y exfuncionarios federales, concluye que la cancelación abrupta de subvenciones, la reducción de personal, la reestructuración de agencias federales y la eliminación o alteración de conjuntos de datos cruciales para la salud pública han debilitado la ciencia de la adicción en un momento en que los daños relacionados con el consumo de sustancias siguen siendo históricamente altos.
«La ciencia de la adicción no es solo un conjunto de investigadores individuales o subvenciones, sino una infraestructura nacional con 50 años de antigüedad que respalda la prevención, el tratamiento y la recuperación basados en la evidencia», afirma Thomas F. Babor, PhD, coautor y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut. «Nuestros hallazgos demuestran que esta infraestructura se ha desestabilizado de maneras que amenazan la salud pública, la productividad económica y la preparación del país para futuras epidemias de sustancias adictivas».
Entre las conclusiones del informe, se señala que la cancelación de investigaciones podría tener un impacto económico superior al ahorro presupuestario derivado de la reducción de personal y la suspensión de subvenciones. En concreto, el documento estima pérdidas de 87 millones de dólares en actividad económica.
El informe también recoge la salida de cientos de científicos de carrera del servicio federal, junto con otras pérdidas de personal en agencias clave para la investigación y los servicios relacionados con las adicciones.
Otro de los puntos destacados es la reducción de nuevas oportunidades de financiación para la investigación, especialmente para científicos noveles y programas de formación. Según el documento, la financiación para nuevas subvenciones cayó a su nivel más bajo en 25 años.
En el ámbito de los datos, el informe advierte de la eliminación, congelación o alteración de conjuntos de información utilizados durante años para el seguimiento del consumo de sustancias, las muertes por sobredosis, los trastornos mentales y las desigualdades en salud.
Asimismo, el documento señala recortes en programas de prevención, reducción de daños y tratamiento, incluyendo 1.700 millones de dólares en subvenciones estatales. Según el informe, estos recortes interrumpen servicios dirigidos a las comunidades, pese a que las inversiones efectivas pueden generar hasta 7 dólares por cada dólar invertido.
El documento advierte, además, que el aumento de la interferencia política y las limitaciones en la terminología, como las restricciones al uso del enfoque de género, pueden debilitar la independencia científica y ampliar las brechas en la investigación necesaria para apoyar a las comunidades más afectadas.
Estos hallazgos subrayan el coste a largo plazo de debilitar la base de evidencia y eliminar programas comunitarios esenciales.
En cuanto a las recomendaciones, el informe plantea proteger las prioridades nacionales de salud mental haciendo valer la autoridad del Congreso sobre los fondos asignados; priorizar la investigación rigurosa y ética frente a las prioridades políticas; salvaguardar los sistemas de datos de salud pública; recuperar la capacidad perdida en investigación, capacitación y servicios basados en la evidencia sobre adicciones; y reforzar la transparencia, la supervisión y las buenas prácticas profesionales en la concesión de subvenciones federales.
