El informe ‘Balance de la década de la UNGASS: limitaciones, logros y vías para la reforma‘, elaborado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), analiza qué ha ocurrido diez años después del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre drogas (UNGASS) de 2016. Una cita que supuso un punto de inflexión al situar la salud pública, los derechos humanos y a las comunidades en el centro del debate internacional. También abrió la puerta a la participación de la sociedad civil y favoreció una mayor articulación entre el sistema de fiscalización de drogas y el resto del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, no consiguió una reforma estructural del régimen internacional de control de drogas.
Diez años después, el balance muestra avances en el discurso y en algunos posicionamientos institucionales, pero cambios limitados en la práctica. En materia de salud, el consumo mundial ha aumentado: en 2023 se estima que 316 millones de personas de entre 15 y 64 años usaron drogas, un 28% más que en 2016. Entre 2016 y 2021 se atribuyeron más de 2,6 millones de muertes al consumo y, solo en Estados Unidos, más de 772.700 personas murieron por sobredosis entre 2016 y 2024, en gran parte vinculadas a opioides sintéticos. Aunque la reducción de daños cuenta hoy con mayor reconocimiento dentro del sistema de la ONU, su cobertura sigue siendo insuficiente. Además, la propia UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) estima que solo una de cada 12 personas con trastorno por uso de sustancias recibe tratamiento.
El acceso a medicamentos controlados continúa siendo una asignatura pendiente. Más de 150 países, que concentran el 80% de la población mundial, notifican un consumo insuficiente de opioides esenciales para uso médico. Solo el 14% de la morfina médica disponible en el mundo llega a países de ingresos bajos y medios. El informe señala que el sistema internacional de fiscalización ha contribuido a marcos regulatorios excesivamente restrictivos, con trabas administrativas y enfoques centrados en evitar desvíos, lo que dificulta el acceso, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos.
En el ámbito de los derechos humanos, pese al incremento de resoluciones y recomendaciones por parte de los mecanismos de Naciones Unidas, los avances nacionales han sido escasos. Persisten políticas punitivas, altas tasas de encarcelamiento por delitos relacionados con drogas y la aplicación de la pena de muerte en algunos Estados. Los delitos de drogas representan actualmente el 40% de las ejecuciones conocidas a nivel mundial. Además, el impacto desproporcionado de estas políticas sobre poblaciones racializadas, personas en situación de pobreza, mujeres, jóvenes y personas LGTBI+ está cada vez mejor documentado.
Uno de los cambios más visibles de la última década ha sido la expansión de la regulación legal del cannabis. Más de 380 millones de personas viven en jurisdicciones donde el cannabis recreativo es legal y 63 países cuentan con marcos para su uso medicinal. Según el informe, estas reformas se han producido pese al marco internacional de fiscalización y no como resultado directo de este.
En materia de seguridad, el endurecimiento de las estrategias de control y la militarización no han logrado reducir el mercado. En algunos contextos, las intervenciones para desarticular organizaciones criminales han fragmentado los grupos y generado dinámicas más violentas. Al mismo tiempo, alrededor de 800.000 hogares en regiones empobrecidas siguen dependiendo de cultivos destinados a mercados ilegales, mientras que muchos programas de desarrollo alternativo no han conseguido mejorar de forma sostenida sus medios de vida.
El documento también aborda el impacto ambiental de los mercados ilegales y advierte de que algunas estrategias de reducción de la oferta pueden desplazar cultivos y rutas hacia zonas ecológicamente más frágiles, agravando problemas como la deforestación.
De cara al futuro, el IDPC plantea cuatro conclusiones principales: la necesidad de fortalecer y proteger el papel de la sociedad civil, que continúa marginada y con financiación insuficiente; la urgencia de modernizar los tratados internacionales de fiscalización; la reconfiguración profunda de la arquitectura institucional para alinearla con los derechos humanos, la salud y el desarrollo; y la reforma de la agenda y los métodos de trabajo de la Comisión de Estupefacientes para permitir debates más sustantivos y periódicos.
