El artículo Legalidad contenciosa en la gobernanza descentralizada: el auge y declive de los clubes sociales de cannabis en España, de Arturo Álvarez Roldán, Iván Parra y Juan F. Gamella del departamento de antropología social de la Universidad de Granada, analiza el auge y declive de los clubes sociales de cannabis (CSC) en España como un proceso de política contenciosa dentro de un sistema de gobernanza descentralizado.
Los CSC surgieron en la década de 1990 como asociaciones de personas consumidoras que buscaban una alternativa comunitaria, sin ánimo de lucro y basada en el autocultivo colectivo, frente al mercado ilícito. Su expansión más intensa se produjo a partir de 2012, especialmente en Catalunya y el País Vasco, hasta alcanzar entre 800 y 1000 clubes en todo el país a finales de la década de 2010.
El trabajo adopta un enfoque sociojurídico y de análisis de políticas públicas, combinando revisión de literatura académica, documentos del movimiento cannábico, debates legislativos y un amplio corpus judicial compuesto por 289 resoluciones dictadas entre 1997 y 2025. A través de esta triangulación, los autores reconstruyen cómo activistas, autoridades autonómicas, fiscalía y tribunales fueron coproduciendo un espacio legal ambiguo que permitió el desarrollo de los clubes, hasta que dicho espacio fue progresivamente cerrado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
El origen del movimiento se sitúa en los cambios legales de los años ochenta. La reforma del Código Penal de 1983 diferenció el cannabis de otras sustancias consideradas de mayor gravedad y mantuvo el consumo como conducta no penalizada, aunque castigando el tráfico y la facilitación. Esa ambigüedad dejó zonas grises en torno al autoconsumo y el consumo compartido. En ese contexto surgieron asociaciones como ARSEC en Barcelona, que promovieron cultivos colectivos como forma de provocar una clarificación judicial. Aunque hubo condenas y absoluciones contradictorias en los años noventa, se fue consolidando la doctrina del “consumo compartido”, que distinguía entre tráfico y suministro sin ánimo de lucro entre un grupo cerrado de personas consumidoras.
En el País Vasco, entre 2002 y 2011, el modelo de club se consolidó con mayor estabilidad. Asociaciones como Kalamudia se fragmentaron estratégicamente en grupos más pequeños para adaptarse a la jurisprudencia, y en 2003 se creó la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), que coordinó estrategias legales y promovió la autorregulación. Las instituciones vascas adoptaron una actitud dialogante, financiaron investigaciones y facilitaron debates públicos, generando lo que los autores describen como “zonas temporales de tolerancia”. En 2011 se aprobó el Código de Conducta de ENCOD para los clubes sociales europeos, impulsado en gran medida por activistas españoles, que formalizaba principios de funcionamiento no lucrativo y de reducción de daños.
La situación cambió con fuerza a partir de 2012 en Catalunya, especialmente en Barcelona. Allí se produjo un crecimiento acelerado del número de clubes: en 2012 se registraron 72 nuevas asociaciones y en 2013 y 2014 el número aumentó de forma muy notable. Según los datos presentados en el artículo, Catalnya superó ampliamente al País Vasco en asociaciones registradas por cada 100.000 habitantes entre 2013 y 2017. Este crecimiento estuvo acompañado de una mayor heterogeneidad organizativa, con clubes de gran tamaño y estructuras más profesionalizadas, lo que generó tensiones internas entre quienes defendían un modelo estrictamente comunitario y quienes impulsaban estrategias de expansión más cercanas a una lógica de servicio.
La visibilidad mediática y el volumen económico alcanzado en Catalunya provocaron preocupación institucional. El Ayuntamiento de Barcelona impuso moratorias y aumentó las inspecciones. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado emitió en 2013 la Instrucción 2/2013, afirmando que el cultivo y la distribución de cannabis requerían autorización administrativa inexistente para este tipo de asociaciones. Se inició así una estrategia de coordinación fiscal destinada a llevar casos al Tribunal Supremo con el objetivo de fijar doctrina.
El punto de inflexión llegó en 2015 con varias sentencias del Tribunal Supremo, como los casos Ebers, Three Monkeys y Pannagh, que restringieron de forma drástica la posibilidad de amparar a los clubes bajo la doctrina del consumo compartido. El Supremo estableció criterios tan estrictos que prácticamente ningún club existente podía cumplirlos. Posteriormente, el Tribunal utilizó la figura del “error de prohibición” para modular las condenas en un contexto de ambigüedad previa, pero dejó claro que esa incertidumbre ya no justificaba la continuidad del modelo.
En paralelo, comunidades como Navarra y Catalunya intentaron aprobar leyes autonómicas para regular los clubes desde una perspectiva de salud pública. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló estas normas por invadir la competencia exclusiva del Estado en materia penal. De este modo, tanto la vía judicial como la legislativa quedaron cerradas.
En sus conclusiones, el artículo sostiene que los CSC fueron menos un modelo regulatorio consolidado que un compromiso institucional temporal producido mediante la coproducción de legalidad entre actores sociales e institucionales. Aunque se presentaron como una alternativa no comercial al mercado ilícito, su alcance fue limitado y no desplazaron de forma significativa otras formas de suministro ilegal. Además, la evidencia empírica sobre su impacto en reducción de daños es todavía escasa.
El caso español muestra cómo la descentralización puede abrir espacios para la experimentación desde abajo, pero también cómo esos espacios son frágiles cuando el derecho penal y las obligaciones internacionales siguen centralizados. La trayectoria de los clubes sociales de cannabis ilustra un ciclo de tolerancia, expansión y posterior cierre judicial que ayuda a entender los límites estructurales de la innovación en políticas de drogas en sistemas multinivel.
