Las trabajadoras del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) Lluís Companys, en Barcelona, llevan ya casi dos meses en huelga indefinida para denunciar una situación de precariedad laboral que, según el colectivo, afecta tanto a sus condiciones de trabajo como a la calidad de la atención a las personas usuarias. El centro está gestionado por Cruz Roja y forma parte de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) de la Generalitat de Catalunya.
El conflicto tiene su origen en lo que las trabajadoras califican como una discriminación laboral clara: a pesar de realizar una labor sanitaria, el personal del CAS está sujeto al convenio de acción social de Cruz Roja, mientras que otros centros equivalentes de la ciudad se rigen por el convenio sanitario del SISCAT, con mejores condiciones salariales y de reconocimiento profesional. Según explican, todas las trabajadoras del CAS están contratadas bajo el convenio de Cruz Roja, con la excepción del personal de metadona, que depende directamente de la Generalitat.
El centro integra distintos servicios esenciales. Además del propio CAS, que ofrece atención ambulatoria a personas con trastornos por uso de sustancias, cuenta con un servicio de dispensación de metadona, un área de reducción de daños y el programa PADES, de atención domiciliaria. Estos dispositivos atienden a personas en situaciones de alta vulnerabilidad, muchas de ellas en situación de calle, y cumplen una función clave en la prevención de muertes, la reducción de infecciones y el sostenimiento de tratamientos.
Actualmente, la huelga afecta a las trabajadoras del CAS, del servicio de reducción de daños y del PADES. El colectivo denuncia que, además de los salarios bajos, existe una falta de protección frente a riesgos laborales, agresiones e incidentes derivados del trabajo diario, así como la ausencia de apoyo psicológico continuado. Según relatan, estas situaciones han sido comunicadas en repetidas ocasiones a la empresa gestora sin obtener respuesta.
Las trabajadoras advierten de que la precariedad laboral no solo las perjudica a ellas, sino que tiene un impacto directo en las personas atendidas. La rotación constante de profesionales, señalan, rompe la continuidad de los procesos terapéuticos y obliga a muchas personas a relatar repetidamente experiencias de violencia, trauma y exclusión, lo que consideran una forma de violencia institucional.
En el marco de la huelga, la semana pasada representantes del colectivo acudieron al Parlament de Catalunya para exponer su situación. Las trabajadoras esperan que de este encuentro pueda surgir una propuesta de resolución que permita avanzar hacia una solución al conflicto y ponga fin a una situación que consideran insostenible tanto desde el punto de vista laboral como de salud pública.
De la misma manera, desde el colectivo destacan que también la semana pasada les llegó la resolución de inspección de trabajo que les dio la razón. «Han imputado a Cruz Roja una falta muy grave de vulneración de derechos fundamentales por pedir más del 33% de servicios mínimos (el 33% era el máximo fijado con mediación laboral) y por haber contratado personas mientras está la huelga activa».
Desde el colectivo insisten en que su reivindicación va más allá de una mejora salarial. Defienden que la reducción de daños y la atención a las drogodependencias no son servicios secundarios ni asistenciales, sino una parte fundamental del sistema de salud pública.
