Organizaciones no gubernamentales y redes de activistas que trabajan en políticas de drogas y reducción de daños, así como organismos internacionales como la ONU, rechazan el uso del argumento de la «guerra contra las drogas» como justificación para acciones que afectan la soberanía de Venezuela, y han pedido que la respuesta a la crisis se encuadre en el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos.
«La experiencia regional muestra claramente que este enfoque ha fracasado y ha producido consecuencias devastadoras: militarización, violencia, la criminalización de las poblaciones marginadas y graves violaciones de los derechos humanos. Lejos de controlar la producción o el suministro de drogas, las intervenciones militarizadas no solo no lo han logrado, sino que han contribuido paradójicamente a la consolidación y el enriquecimiento del crimen organizado. América Latina es muy consciente de estos impactos y rechaza el reciclaje de este paradigma para legitimar nuevas formas de intervención», destaca en su comunicado el Consorcio internacional sobre políticas de drogas IDPC.
Para el IDPC, el recurso al concepto de «narcoterrorismo» plantea serios riesgos desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos. Se trata de una noción sin reconocimiento en el derecho internacional, que ha sido empleada en el pasado para legitimar operaciones militares, acciones encubiertas y ejecuciones extrajudiciales, así como para extender de forma unilateral la jurisdicción penal de Estados más allá de sus fronteras.
De la misma manera recalca que, si bien la situación de derechos humanos y la crisis institucional en Venezuela son graves y están ampliamente documentadas, ello no habilita la suspensión del derecho internacional ni la imposición de medidas coercitivas desde el exterior. Calificar a autoridades estatales como «fugitivas» bajo sistemas jurídicos ajenos y pretender aplicar leyes nacionales en territorio extranjero vulnera la soberanía y sienta precedentes peligrosos para la región. Desde una perspectiva de políticas de drogas basadas en derechos humanos, salud pública y reducción de daños, la violencia y la lógica de la guerra no ofrecen respuestas legítimas a los desafíos relacionados con las drogas, sino que debilitan la deliberación democrática y normalizan prácticas incompatibles con la protección de los derechos fundamentales.
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración en la que calificó las acciones de Estados Unidos contra Venezuela como una violación de principios fundamentales del derecho internacional, subrayando que «la comunidad internacional debe dejar claro que la intervención en Venezuela vulnera la ley internacional y hace al mundo menos seguro». El organismo señaló que el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado constituye una transgresión de normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y advirtió que la militarización puede empeorar las condiciones de derechos humanos en el país.
Estas críticas se producen tras una serie de acontecimientos iniciados con operaciones de fuerzas estadounidenses dirigidas contra objetivos que, según Washington, estaban vinculados al narcotráfico en el Caribe y cercanos a territorio venezolano. La administración estadounidense ha defendido estas acciones como parte de su estrategia antidrogas, aunque varios países de la región y personas expertas en derecho internacional han cuestionado su legalidad y eficacia.
El tono de las organizaciones enfatiza que enfrentar el narcotráfico o cualquier forma de crimen organizado debe hacerse bajo marcos de derechos humanos, cooperación internacional y respeto a la soberanía nacional, en lugar de utilizar enfoques militares unilaterales que podrían agravar la situación humanitaria y legal en la región.
