A finales del año 2006 se dio inició a la llamada “Guerra contra las drogas” en México. Un conjunto de “operativos” de despliegue de fuerzas del Estado conformaron el banderazo de la militarización de la seguridad pública en el país. La “Guerra contra las drogas” fue planteada como una estrategia de “combate frontal y eficaz al narcotráfico”, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, este “combate frontal” poco tenía de política pública. Se trató de una estrategia de militarización sustantiva, de un conjunto de iniciativas prohibicionistas y de una persecución desproporcionada a personas de grupos históricamente vulnerados.
El legado que nos dejó la “Guerra contra las drogas” fue una crisis de homicidios, de desapariciones y un incremento alarmante de personas en prisión. A lo largo de los años se ha hecho hincapié en las consecuencias letales y en los efectos de esta “guerra”, que siguen acumulándose todos los días hasta nuestra actualidad. Podemos afirmar, a la luz de las iniciativas impulsadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio actual de Andrés Manuel López Obrador, que ya no sólo vivimos una militarización de la seguridad pública sino de la vida pública. ¿Qué implicaciones tiene que las Fuerzas Armadas (FFAA) permanezcan en el espacio público con cada vez más respaldo del Estado?
