El primer día que el abogado peruano Ricardo Soberón asumió como encargado de “combatir la droga” para el Gobierno de Ollanta Humala, en agosto de 2011, un cultivador de coca de la Selva Alta lo llamó con urgencia: la DEA y la policía estaban erradicando su chacra, le dijo. Soberón llamó al presidente y “el mismo día ordenó que todas las unidades de la policía y la DEA retornaran a sus bases”. Era su debut como funcionario, pero ya había marcado el final de su gestión. Su modo de actuar enfureció al ministro del Interior —un exmilitar— e inquietó a la entonces embajadora de Estados Unidos en Perú, Rose Links, y al Bureau of International Narcotics de su país.
Ocho meses después estaba fuera del Gobierno. En el lapso que fungió como “zar antidrogas” de Perú, Soberón vivía las quemas públicas de cocaína incautada con frustración. “Porque soy consciente de los límites de un operativo que no hace ningún efecto al circuito ilegal”, dice. Duró poco en el puesto por la misma razón que lo había llevado a la función pública: Soberón no es un político antidrogas sino un “cocólogo”, como le dicen sus colegas con aprecio. Hoy es director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos de Perú que fundó en 2009, donde canaliza sus trabajos como consultor. Además, su experiencia con la coca viene de familia.
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