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Desde el pasado 1 de enero, vapear -el término que designa el uso del cigarrillo electrónico- está prohibido en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, en el transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención al público de toda Canarias.

El proyecto de ley para este sector ha provocado reacciones contrarias por parte de las franquicias que los venden, por un lado, y las asociaciones contra el tabaquismo y empresas farmacéuticas, por el otro.

Un estudio sugiere un efecto directo de la exposición al humo del tabaco durante la infancia en sus estructura y función vascular.

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó por 14 votos contra 0 prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en los lugares públicos donde no está permitido el consumo de tabaco.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) advierte de que por los "escasos" estudios disponibles hasta el momento se sabe que algunos de estos dispositivos contienen sustancias perjudiciales.

El Parlamento Europeo ha dado su visto final a la directiva del tabaco, que ampara la regulación de los e-cigarrillos como productos medicinales.

Si hasta ahora, las advertencias ocupaban el 40 por ciento de las cajetillas, con la aprobación de la norma aumentarán hasta cubrir el 65 por ciento de la parte frontal y trasera del envase y, otra novedad, se colocarán en la parte superior. En esta misma línea, también se incluirán advertencias en los laterales.

El texto del Departamento de Salud explica que aunque la promoción de este artículo lo presenta como un sustitutivo del tabaco o incluso como dispositivo que puede ayudar a abandonar el hábito de fumar, "a día de hoy no se ha demostrado su eficacia en este sentido, ni se ha podido determinar de modo concluyente su carácter inocuo".