En el marco de la regulación de la ley que legalizó en diciembre la producción y venta del cannabis en el país, el Ministerio de Salud Pública trabaja en lo referente "al uso medicinal".
Uruguay ha adelantado varios aspectos del reglamento de la ley que legaliza la producción y venta de marihuana, como la limitación en la carga psicoactiva de la droga o la creación de un sistema de trazabilidad del cannabis similar al que existe para el ganado vacuno.
La iniciativa, planteada por denadores de la izquierda y un legislador conservador, pretende revisar las cantidades personales a fin de que la dosis máxima pase de cinco a 30 gramos.
El camino para lograr consumir marihuana legalmente en la Ciudad de México acaba de comenzar y aunque se prevé largo y tortuoso, sus promotores confían en poder llegar a medio plazo a un modelo similar al holandés con 'coffee-shops' a la mexicana.
Aunque más de la mitad de las y los costarricenses consultados estarían dispuestos a utilizar la marihuana como medicamento, la mayor parte se opone a su legalización en el país.
"El peor escenario para cualquier país productor, de tránsito o destino de estupefacientes es "banalizar" el tema de las drogas y sus efectos en la población", advirtió Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
Canadá, Israel y Chile quieren comprar la droga en este país para sus enfermos. La fabricación de medicamentos basados en la sustancia abre otra vía de negocio.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.