La iniciativa, registrada en la Comisión Europea, pretende elevar de manera progresiva la edad mínima legal para comprar cigarrillos hasta su abolición
Aproximadamente 83,4 millones de personas, es decir el 29 por ciento de los adultos (de 15 a 64 años) de la Unión Europea han consumido alguna vez una droga ilegal, siendo el cannabis la sustancia más consumida; más de 22 millones de adultos europeos que declararon haber consumido cannabis en el último año.
Un servicio de análisis de sustancias crea conciencia sobre los efectos positivos y adversos de una sustancia y educa a las personas usuarias acerca de los métodos de reducción de riesgos.
Si los países de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujeran un nivel mínimo de impuesto del 15 por ciento sobre el precio de venta al por menor por unidad de alcohol, independientemente del tipo de bebida alcohólica, se salvarían 133.000 vidas al año, según un estudio realizado por el Consejo Consultivo sobre enfermedades no transmisibles (ENT) de OMS Europa.
La pandemia no ha podido con el mercado de drogas en Europa, al contrario ha demostrado ser "resistente" ante las restricciones de la Covid-19 y con capacidad de adaptación sobre todo en el mercado minorista, donde los vendedores y compradores de drogas se adaptaron aumentando el uso de servicios de mensajería, redes sociales, recursos en línea, servicios de correo y entrega a domicilio.
Un estudio de la EMCDDA muestra algunos los resultados obtenidos por el servicio de análisis de jeringuillas desechadas ESCAPE, en relación con las muestras obtenidas en varias ciudades Europeas entre 2018 y 2019.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.