Cuidar a alguien que está en situación de vulnerabilidad tiene que implicar el acceso a la vivienda, trabajo, renta, asistencia social, salud, cultura, ocio, educación o derecho a la ciudad.
La guerra contra las drogas en México se convirtió en una guerra contra las personas consumidoras, racializadas y pobres que no tenían acceso a la justicia
Entrevista a Francisca Oblitas, trabajadora social y jefa de gabinete del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA en Chile.
La Asociación Proyecto Hombre ha participado en tres eventos sobre derechos humanos y tratamientos efectivos, recuperación en tiempos de COVID-19 y la importancia del deporte en la rehabilitación.
Nuestra relación al castigo, a la supremacía blanca y al racismo anti-negros se intersectan. Desde una lógica carcelaria, “los criminales” merecen ser castigados. Pero la negritud siempre es criminal a priori. En lugar de apoyarse en hechos concretos relacionados con las drogas, la adicción y la criminalidad, las políticas de drogas están siendo moldeadas por ideas y falsos conceptos que se fundamentan en juicios morales y lógicas racializadas sobre “los criminales”. Esto es perjudicial para todos, y especialmente para las comunidades negras.
Dos días intensos de dialogo entre profesionales de la salud, personas expertas y pacientes en los que desde posiciones diversas se han destacado los aspectos beneficiosos de los tratamientos a partir del cannabis.
El documento, que parte de la evidencia para recomendar buenas prácticas, se divide en cuatro secciones en los que se hace un diagnóstico se exponen los principios y estrategias, que según los autores, deberían seguir las políticas de seguridad y convivencia
Más de 50 países han adoptado marcos regulatorios para el cannabis medicinal, mientras que un número creciente de jurisdicciones ha regulado el uso no médico de adultos. Es esencial que estos marcos legales estén diseñados para permitir avanzar en justicia social, inclusión y derechos humanos
La reforma impulsada por el Gobierno de República Checa para trasladar la coordinación de la política de drogas al Ministerio de Salud ha generado críticas entre profesionales y antiguos responsables del sector.