La futura ley que prohibirá la venta de bebidas energéticas y los vapeadores a los menores de edad --en una normativa específica de protección de salud de los menores-- ha arrancado este jueves su tramitación tras llevar la Consellería de Sanidade al Consello de la Xunta el borrador de la ley, que ahora se expondrá al público para recibir sugerencias y alegaciones.
El Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología ha manifestado su apoyo a las medidas que plantean algunas comunidades autónomas para regular e incluso prohibir el consumo de bebidas energéticas entre menores.
La OCU considera que se debe indicar en el envase que se trata de una bebida no recomendada a menores de edad, que no debe ser consumida combinada con alcohol y que contiene un elevado contenido en cafeína, advirtiendo que no deben consumirse más de 3 mg de cafeína por kg peso corporal.
El Ministerio de Sanidad se muestra "a favor de limitar el acceso y el consumo de los menores a las bebidas energéticas", tal y como ya propuso en el documento de recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), según han señalado a Europa Press fuentes ministeriales, consultadas tras conocerse que, en cuestión de meses, Galicia lo prohibirá por ley.
La Xunta va a incluir la medida en una norma para prevenir adicciones, que también va a impedir que la publicidad de estos productos se dirija a público infantil y que se sitúen al lado de los refrescos en las tiendas
La evidencia científica desaconseja su consumo, sobre todo entre la población infantil y adolescente, y profesionales de la nutrición reclaman que se restrinja su contenido máximo de cafeína
Las bebidas energéticas presentan un alto contenido en cafeína, azúcar, y otros ingredientes con propiedades estimulantes.
Estas bebidas estimulantes suelen tener un alto contenido de cafeína, taurina, vitaminas del grupo B, azúcares, extractos de plantas y otros ingredientes estimulantes
La reforma impulsada por el Gobierno de República Checa para trasladar la coordinación de la política de drogas al Ministerio de Salud ha generado críticas entre profesionales y antiguos responsables del sector.