El Gobierno ha impugnado la decisión del municipio catalán de Rasquera de instalar una plantación de cannabis. El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, ha acudido hoy al Congreso, a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para informar sobre las líneas generales de la política de su Delegación en la presente legislatura.
A la entrada ha declarado que su delegación ha dado ya órdenes a la Abogacía del Estado para que impugne la decisión del ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) de cultivar cannabis, y que le consta que la Generalitat catalana había dado pasos en el mismo sentido.
Además, Babín ha asegurado que, con su decisión, el Ayuntamiento de Rasquera está «magnificando un posible efecto beneficioso» y este mensaje no agrada al Gobierno.
Con la instalación del campo de marihuana, el alcalde del pueblo, Bernat Pellisa, de ERC, prevé enjugar la deuda de 1,3 millones de euros que pesa sobre las arcas municipales. Ya ha ingresado los primeros 30.000 euros y el acuerdo establece que recibirá 54.000 euros al mes más durante dos años.
La decisión de instalar la plantación se adoptó el pasado 29 de febrero y los vecinos se encuentran divididos ante la medida. Unos creen que es una ingeniosa fórmula para salir de la crisis mientras otros ven en ella un motivo de burla.
La encargada de poner en marcha la instalación será la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), una entidad que propugna el uso terapéutico pero también lúdico del cannabis.
