El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha presentado un paquete de más de 700 millones de dólares para programas de salud mental, adicciones y sinhogarismo, pero el anuncio ha sido recibido con dudas por parte de especialistas y medios del sector.
La medida fue anunciada por el secretario de Salud y tiene como principal novedad el programa STREETS, una iniciativa dotada con 96 millones de dólares durante cuatro años para financiar a ocho comunidades. El objetivo oficial es crear sistemas coordinados de atención para personas sin hogar que presenten trastornos por uso de sustancias, enfermedad mental grave o ambas situaciones.
El programa plantea combinar atención en la calle, tratamiento, apoyos a la recuperación y coordinación entre gobiernos locales, proveedores de salud, entidades vinculadas a vivienda, fuerzas de seguridad y tribunales. El enfoque, sin embargo, ha generado recelos porque sitúa la respuesta a las adicciones y al sinhogarismo en un marco que mezcla salud pública, recuperación y seguridad.
Además, la letra pequeña del programa marca límites relevantes. La nota oficial del HHS especifica que los proyectos financiados por STREETS no podrán utilizar enfoques de housing first ni determinados servicios de reducción de daños prohibidos por las condiciones del programa. Este punto ha sido especialmente cuestionado por voces del ámbito de la salud pública, que consideran que la reducción de daños y el acceso estable a vivienda son herramientas clave para vincular a las personas con los servicios y reducir riesgos.
La financiación también ha sido discutida por su alcance real. Según STAT, varios expertos en salud conductual señalan que no todo el paquete anunciado puede considerarse dinero nuevo, ya que buena parte correspondería a subvenciones ya autorizadas o programas de SAMHSA que estaban pendientes de publicación.
Sin embargo, las críticas no se limitan a este anuncio. En los últimos meses, organizaciones y especialistas han cuestionado el giro de SAMHSA respecto a la reducción de daños, especialmente tras las restricciones al uso de fondos federales para tiras de análisis de sustancias, incluidas las de fentanilo, xilacina y medetomidina.
