Un juego de terror basado en la película Halloween, un clásico del género slasher lleno de sangre e hígado, ha sido censurado en Australia y Nueva Zelanda. La censura no la motiva su contenido extremadamente violento, donde el protagonista Michael Myers va asesinando sin piedad a todo aquel que se interponga en su camino, sino una dinámica del juego que te permite consumir un porro.
Esto, más allá de ser una anécdota curiosa, es una fotografía perfecta de cómo funciona la moral punitivista cuando mira hacia las drogas. La violencia extrema se normaliza como entretenimiento legítimo, mientras que el consumo de cannabis, una sustancia regulada en buena parte del mundo y utilizada por miles de personas de forma diaria, sigue activando un reflejo censor que la violencia no activa. Esto no habla de un riesgo real, habla de que hemos decidido qué es «aceptable» mostrar y qué no, según categorías morales heredadas que ignoran una evaluación seria del impacto, la gravedad y el daño.
Después de generar un miedo popular masivo al contenido violento en videojuegos en entre los años ’90 y los 2000, hasta el punto de que sirvió para mirar con sospecha a toda una generación de jóvenes bajo el pretexto de ser violentos en potencia por jugar a juegos donde aparece violencia, la ciencia nos ha aportado la evidencia: los videojuegos no son el motor de la violencia y no tienen por qué fomentarla. La Asociación Americana de Psicología reafirmó en 2020 que no hay evidencia científica suficiente para sostener una relación causal entre los videojuegos violentos y la conducta violenta, y estudios más recientes con metodologías causales —como el de la City University de Londres publicado en el Journal of Economic Behavior & Organization— no encontraron evidencia de que la violencia contra otras personas aumentara tras el lanzamiento de un videojuego violento.
Si aquel pánico se desinfló ante la evidencia, cabe preguntarse si lo que ocurre ahora con el cannabis en los videojuegos no es exactamente el mismo mecanismo aplicado a una sustancia: miedo difundido mediáticamente, sin base empírica sólida, que acaba traduciéndose en censura.
Aquí conviene situarlo en un marco más amplio: lo que Stanley Cohen llamó pánico moral no es un error de cálculo puntual, sino «una dinámica recurrente en la que una condición, un episodio o un grupo de personas se define como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad, a menudo para desplazar ansiedades sociales más profundas hacia un objeto concreto». Con las drogas, este patrón tiene una larga tradición: el historiador Juan Carlos Usó documenta cómo la prohibición de sustancias como la cocaína, la heroína o el hachís en España está estrechamente relacionada con un pánico moral que los medios de comunicación explotaron para rentabilizarlo, y que no proviene de una evaluación técnica del riesgo.
El problema no es solo que esta censura resulte inconsistente o ridícula, que lo és, sino que revela cómo la regulación se usa para gestionar la incomodidad moral en lugar del conflicto real. Aceptar el conflicto tiene que ver con aceptar que hay personas que fuman porros, que eso forma parte de muchas vidas sin catástrofe, y que representarlo no es promocionarlo; al contrario, es más honesto y más útil que seguir trazando fronteras arbitrarias entre lo que se puede mostrar y lo que no.
Al final, Michael Myers puede seguir apuñalando adolescentes en la pantalla sin que nadie se inmute, pero un porro sigue siendo, para algunos organismos reguladores, la verdadera amenaza.
