Un grupo de profesionales de la salud, juristas y organizaciones sociales en Filipinas ha puesto en marcha una iniciativa para promover una conversación sobre el consumo de drogas basada en la salud pública, los derechos humanos y la reducción del estigma.
Se trata del ACCEPT Project —siglas de Advancing Compassionate, Evidence-informed, Practical, and Transformative Modules for Sensible Drug Conversations—, un programa que ha desarrollado módulos educativos sobre drogas fundamentados en conceptos de salud pública y derechos humanos. Según informa la periodista Lian Buan en Rappler, el proyecto busca formar una red nacional de comunidades que aborden el consumo desde una perspectiva de salud y justicia social, y no exclusivamente desde la criminalización.
Según explicó el médico Raymond John “RJ” Naguit, responsable del proyecto, los módulos del ACCEPT Project pretenden ofrecer herramientas basadas en la evidencia y la empatía para reducir el estigma y fortalecer a las comunidades.
La iniciativa prevé organizar talleres dirigidos a profesionales clave en este ámbito, como personal sanitario, trabajadores sociales y abogados, con el objetivo de impulsar un cambio en la manera de entender el consumo desde el enfoque de la reducción de daños.
El artículo también recoge el testimonio de Panki Nadela, directora ejecutiva de la organización no gubernamental IDUCare, en la ciudad de Cebú. La entidad ofrece servicios de asesoría legal y apoyo a personas que consumen, incluyendo medidas para reducir riesgos sanitarios, como evitar el uso de jeringuillas contaminadas. Nadela señaló que muchos materiales de educación sobre drogas siguen recurriendo a estereotipos, lo que puede generar incomodidad y reforzar prejuicios.
La información sitúa esta iniciativa en el contexto del debate sobre la política de drogas en Filipinas. El texto explica que el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr. había dado inicialmente señales de acercarse a un marco de reducción de daños, aunque posteriormente anunció el regreso a un enfoque similar al impulsado durante el mandato del expresidente Rodrigo Duterte, que considera a las personas que usan sustancias como delincuentes que deben ser detenidas.
Diversas organizaciones incluidas en el ACCEPT Project llevan años defendiendo cambios en las políticas de drogas del país. Según recoge el artículo, uno de los principales problemas señalados es que las sanciones pueden ser severas incluso por pequeñas cantidades de sustancias, lo que puede disuadir a las personas de buscar ayuda médica por miedo a ser tratadas como criminales.
El artículo de Rappler también menciona críticas al sistema de rehabilitación. De acuerdo con los responsables del proyecto, no existen programas estandarizados de tratamiento en los centros de rehabilitación ni directrices claras para su funcionamiento.
