Europa y el riesgo de volver a políticas de drogas más represivas

En The Parliament, el expresidente polaco Aleksander Kwasniewski advierte de que la nueva Estrategia Europea 2026-2030 prioriza la seguridad frente a la salud pública y los derechos humanos.

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La nueva Estrategia Europea sobre Drogas 2026-2030 y su Plan de Acción podrían marcar un giro preocupante en la política comunitaria. Así lo advierte Aleksander Kwasniewski, expresidente de Polonia y actual presidente de la Comisión de Europa Oriental, Asia Central y Europa Central sobre Políticas de Drogas (ECECACD), en un artículo de opinión publicado en el diario The Parliament.

Según expone Kwasniewski en The Parliament, el nuevo enfoque de la Comisión Europea pone el acento en la aplicación de la ley, el control fronterizo y la seguridad, lo que supone —a su juicio— un desplazamiento hacia un modelo punitivo que ya ha demostrado sus límites. Para el autor, la Unión Europea se encuentra ante una decisión clave: profundizar en esa vía represiva o mantener el legado de políticas basadas en la evidencia, la salud pública y los derechos humanos.

El artículo recuerda que Europa ha sido referente internacional en enfoques innovadores. En las décadas de 1970 y 1980, ante el aumento del consumo de heroína, varios países adoptaron medidas de reducción de daños como los programas de intercambio de jeringuillas, el tratamiento con agonistas opioides o las salas de consumo supervisado. Estas intervenciones, señala Kwasniewski, evitaron miles de muertes y redujeron la transmisión de enfermedades infecciosas.

Francia es uno de los ejemplos que cita. En 1996, la prevalencia del VIH entre personas que se inyectaban drogas rondaba el 40%. Tras la rápida expansión de la reducción de daños, con acceso ágil a la buprenorfina, esa cifra descendió por debajo del 20% en 2002. Además, las muertes por sobredosis de heroína se redujeron en más de un 80% entre 1996 y 2003.

Portugal constituye otro caso destacado. Antes de la despenalización en 2001, el país concentraba más de la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH de la Unión Europea relacionados con el uso de drogas inyectables, pese a representar solo el 2% de la población comunitaria. Tras redirigir recursos desde el sistema penal hacia el tratamiento y la reducción de daños, las nuevas infecciones pasaron de 518 en el año 2000 a 13 en 2019. La mortalidad relacionada con drogas cayó a menos de la mitad de la media europea y la proporción de personas encarceladas por delitos de drogas descendió del 40% en 2001 al 15,7% en 2019.

Para el autor, estos resultados contrastan con los modelos centrados en la represión. Advierte de que el endurecimiento de la aplicación de la ley no reduce el consumo ni desmantela los mercados, sino que puede generar violencia, aumentar el estigma y alejar a las personas de los servicios sanitarios. También menciona el llamado “efecto globo”, el refuerzo de controles en grandes puertos europeos como los de Países Bajos y Bélgica ha desplazado el tráfico hacia otros puntos de entrada, ampliando la volatilidad del mercado.

Kwasniewski subraya asimismo que los enfoques prohibicionistas han favorecido la expansión de sustancias sintéticas más potentes. Como ejemplo, cita la prohibición del opio en Afganistán en 2022, que redujo la producción en torno a un 95% y provocó un fuerte shock de suministro, asociado a un aumento del consumo de drogas sintéticas. Recuerda que tras la prohibición impuesta por los talibanes en 2002, Estonia vivió durante más de una década una grave crisis de sobredosis por fentanilo.

El artículo se publica en un momento clave para el debate internacional. En 2025, Naciones Unidas inició un proceso de revisión del sistema internacional de control de drogas, mientras que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional a alejarse de los enfoques punitivos y explorar regulaciones responsables.

En este contexto, Kwasniewski sostiene que la próxima Estrategia Europea sobre Drogas debería reforzar el pilar sanitario, priorizar vivienda con apoyo, atención comunitaria y medidas sociales que aborden los determinantes estructurales del consumo problemático. También defiende la necesidad de una financiación específica para salud y un papel central del Parlamento Europeo en la definición de una política que proteja la salud pública y mantenga el liderazgo europeo en la reforma global de las políticas de drogas.

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