¿Cuántas veces se ha invocado el narcotráfico para justificar una intervención política o militar en América Latina?
La guerra contra las drogas lleva décadas sirviendo de coartada para intervenciones que poco tienen que ver con la salud pública o la seguridad internacional. Venezuela es solo el último capítulo de una historia conocida: una narrativa de combate al narcotráfico que, una vez más, esconde intereses mucho más tangibles.
Unos intereses que, por otro lado, Donald Trump ha dejado muy claros: quiere el petróleo de Venezuela. Lo necesita. Igual que a Groenlandia, pero ese ya es otro capítulo. Aunque lo que realmente le interesa es el poder y el control territorial. Esto rememora aquel mantra de América Latina como “patio trasero” de Washington, una lógica que marcó —y sigue marcando— la política exterior estadounidense en el continente.
La intervención en Venezuela ya comenzó mucho antes, en septiembre, cuando se desplazaron buques estadounidenses de guerra a las costas caribeñas que atacaron embarcaciones presuntamente cargadas con drogas. Hasta la fecha no hay pruebas que respalden dichas afirmaciones. Lo que sí se sabe es que estos ataques asesinaron a más de 100 personas que iban en 34 embarcaciones —tanto en el Caribe como en el Pacífico—.
Y todo esto sucede bajo el pretexto de una “guerra contra las drogas” que no es nueva. Ya el expresidente Richard Nixon la invocó en 1971, cuando declaró a las drogas como enemigo público número uno. Un pretexto que distintos gobiernos estadounidenses han utilizado para justificar políticas imperialistas, a menudo en alianza con administraciones ultraderechistas, como ocurrió con Reagan y Bush padre al fusionar la guerra contra las drogas con la lucha anticomunista en América Latina.
Entonces, ¿qué es la seguridad? ¿Perseguir a una persona campesina que cultiva hoja de coca para sobrevivir? ¿Detener a personas por sus rasgos raciales bajo la sospecha automática de tráfico? ¿Instaurar un régimen de terror —como ocurrió en Filipinas durante el gobierno de Duterte— donde ser pobre equivale a ser culpable? Durante décadas, la llamada “guerra contra las drogas” ha servido como pretexto para la militarización, la intervención extranjera y la criminalización de comunidades y personas ya vulnerabilizadas por el propio sistema. Para Estados Unidos, además, ha sido una vía recurrente de entrada en América Latina para asegurar el control de recursos estratégicos. No se trata de democracia ni de derechos humanos; se trata de poder.
Porque las decisiones no las toman las comunidades afectadas, sino las élites políticas y económicas —mayoritariamente blancas— que diseñan estas guerras desde despachos lejanos, como si se tratara de una partida de Risk. El resultado: miles de personas mueren cada año como consecuencia directa de una doctrina prohibicionista, punitiva, colonial e imperialista que no castiga a quienes realmente se enriquecen con el negocio —en muchos casos, las propias élites políticas—.
La antropóloga Luana Malheiro lo resume con claridad: “En Brasil, la guerra contra las drogas es contra las personas pobres y negras”. Una afirmación que se puede extrapolar al resto de países de América Latina —y a otros contextos del llamado Sur Global—. Cofundadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Personas que Usan Drogas (LANPUD), Malheiro señala además que estas políticas han sido diseñadas históricamente por varones cis blancos, ignorando cómo la violencia impacta de forma específica en mujeres y disidencias. De ahí la necesidad de pensar políticas de drogas desde la interseccionalidad, entendiendo cómo se cruzan desigualdad, raza, género y clase.
Por eso, la militarización no es el único problema. La guerra contra las drogas también se sostiene en la ausencia deliberada de un enfoque de derechos humanos hacia las personas que consumen sustancias, ya sea por ocio o por consumo problemático. Y esa ausencia tiene consecuencias visibles dentro del propio Estados Unidos. Mientras Washington invierte millones en perseguir drogas —a personas— en el extranjero, más de 770.000 personas viven en situación de calle dentro de sus fronteras, muchas de ellas atravesadas por problemas de salud mental y consumo. En muchos casos, ni siquiera por la cocaína; sino por el fentanilo, sustancia opioide que además el mismo Trump ha calificado de arma de destrucción masiva. Además, esta sustancia y sus precursores químicos no llegan en los barcos atacados por Estados Unidos.
Y por rizar el rizo, los propios datos desmontan el relato. Según El Orden Mundial, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos calculó en 2020 que solo el 8% de la cocaína que entra en el país atraviesa Venezuela. Y aquí hay que destacar la figura de Marco Rubio, actual secretario de Estado, cuya trayectoria política ha estado marcada por la confrontación con los gobiernos latinoamericanos no alineados con EE.UU.
La incoherencia se vuelve aún más evidente cuando se observa dónde no se aplica esta retórica, como en Honduras. Su expresidente, Juan Orlando Hernández, fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos vinculados al tráfico de drogas. Terminó siendo liberado por el propio Trump. En cambio, México y Colombia sí aparecen en el punto de mira. Dos países ricos en recursos naturales y con gobiernos que no encajan en la derecha tradicional. A México, Trump lo amenaza abiertamente con atacar por tierra a los cárteles. En Colombia, llega a señalar a su presidente como “capo de la droga”, aunque recientemente una conversación telefónica entre Trump y Gustavo Petro rebajó la tensión.
Sin embargo, aquí la diferencia con Venezuela es clave: México y Colombia son países considerados democráticos, donde una intervención de este tipo tendría consecuencias políticas y geopolíticas de mayor calado. Pero en un escenario internacional cada vez más frágil —con una Europa debilitada, el avance de la extrema derecha y un Cono Sur alineado con Washington—, la pregunta ya no es si estas amenazas son viables, sino hasta dónde podría llegar esta lógica.
Mientras tanto, las soluciones que sí cuentan con evidencia siguen relegadas. Políticas de reducción de daños y enfoques como Housing First demuestran que garantizar derechos —vivienda, salud, dignidad— reduce el consumo problemático, la violencia y la exclusión. Estados Unidos no necesita enemigos externos ni guerras declaradas. Solo voluntad política y compromiso con las personas y los derechos humanos. Pero esas políticas no sirven para justificar intervenciones, sanciones o control territorial.
