La escalada de tensiones entre Estados Unidos y varios países de América Latina tras la operación anunciada por el presidente Donald Trump el pasado 3 de enero sigue generando repercusiones políticas, judiciales y diplomáticas. En el centro del debate se encuentra el uso del argumento del narcotráfico y la ‘guerra contra las drogas’ como justificación de acciones unilaterales, una estrategia que vuelve a ser cuestionada desde la perspectiva del derecho internacional y los derechos humanos.
Trump confirmó públicamente que Estados Unidos llevó a cabo una operación militar contra objetivos en Venezuela, presentada como parte de una ofensiva contra el tráfico internacional de drogas. Según el mandatario, estas acciones buscan frenar rutas de envío de cocaína hacia territorio estadounidense y se inscriben en una nueva etapa de la política antidrogas de su administración, caracterizada por un mayor despliegue militar en el Caribe. Sin embargo, el presidente de EE.UU. también ha expresado de forma abierta que su principal preocupación respecto a Venezuela es el petróleo.
El Gobierno venezolano rechazó de inmediato estas afirmaciones y denunció la operación como una agresión basada en acusaciones no probadas. Las autoridades de Caracas sostienen que la lucha contra el narcotráfico está siendo utilizada como pretexto político para justificar intervenciones que vulneran la soberanía nacional. En este nuevo escenario político, Delcy Rodríguez juró el cargo como presidenta de Venezuela, asumiendo formalmente la jefatura del Ejecutivo.
En paralelo, la administración de Donald Trump ha dejado de respaldar públicamente a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, como figura central de una eventual transición política.
La controversia se intensificó el 6 de enero, cuando se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la imputación judicial contra Nicolás Maduro, eliminando la referencia que lo señalaba como líder del denominado “Cartel de los Soles”. En la nueva acusación, esa organización ya no aparece descrita como una estructura criminal jerarquizada ni se atribuye a Maduro un liderazgo directo. Aunque los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo se mantienen, el cambio ha sido interpretado como una corrección significativa del relato judicial sostenido durante años por autoridades estadounidenses.
Este ajuste legal se produce después de que el propio Trump invocara reiteradamente la existencia del “Cartel de los Soles” como argumento central para justificar la operación del 3 de enero y otras acciones militares en la región. El cambio ha reavivado las críticas sobre el uso de narrativas penales no consolidadas judicialmente para legitimar decisiones de carácter militar.
Las tensiones no se han limitado a Venezuela. En los días posteriores, Trump amenazó públicamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusándolo de permitir el aumento de la producción de cocaína y sugiriendo que Estados Unidos podría actuar de forma similar en otros países si no se reduce el flujo de drogas. Petro respondió rechazando esas acusaciones y defendiendo la política colombiana de drogas, basada —según afirmó— en enfoques de salud pública, sustitución de economías ilícitas y respeto a los derechos humanos, en contraste con la militarización. Aunque durante el día de ayer los dos mandatarios conversaron telefónicamente y se rebajaron las tensiones, Petro afirma que «no hay que bajar la guardia».
El trasfondo de esta crisis se remonta a septiembre de 2025, cuando Estados Unidos comenzó a intensificar ataques contra embarcaciones que califica como “narcolanchas” en el Caribe. Desde entonces, el Pentágono ha reconocido múltiples operaciones de este tipo, algunas de ellas en zonas próximas a Venezuela, en paralelo al despliegue de activos militares adicionales. Estas acciones han suscitado preocupación en gobiernos de la región y en organizaciones de derechos humanos por la falta de transparencia, el uso letal de la fuerza y la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas.
Organismos y personas expertas han advertido que la reactivación de la lógica de la llamada ‘guerra contra las drogas’ reproduce un enfoque históricamente asociado a graves impactos humanitarios en América Latina, sin resultados sostenibles en la reducción del tráfico o el consumo de drogas. En este contexto, la modificación de la acusación contra Maduro refuerza el debate sobre los límites legales y éticos de emplear el narcotráfico como justificación de intervenciones unilaterales, en detrimento de la cooperación judicial, el debido proceso y las políticas de drogas centradas en la salud y los derechos humanos.
