El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció ayer que su Departamento diseñará planes específicos para que las Fuerzas de Seguridad controlen y combatan la violencia y el tráfico de drogas en los alrededores de los centros educativos. Fuentes del Ministerio añadieron que se espera que esos planes comiencen a aplicarse a comienzos de año, tras las vacaciones de Navidad, en colegios e institutos.
Durante un desayuno de trabajo con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Alonso aseguró que ya había trasladado la orden al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para comenzar el diseño de planes específicos que permitan a las Fuerzas de Seguridad controlar y combatir la violencia y el tráfico de drogas en el entorno de los centros educativos. Explicó que cada cuerpo de seguridad desarrollará esos planes en su ámbito competencial. Así, la Policía se encargará de los institutos y colegios ubicados en los núcleos urbanos de población, con preferencia en las grandes ciudades. Aunque destacó que el tráfico de drogas en los alrededores de colegios e institutos supone la mayor preocupación de su departamento, Alonso no olvidó el fenómeno de las bandas juveniles dentro de los objetivos de combate de estos planes.
Para ello, el secretario de Estado de Seguridad presidió ayer la primera reunión con el director de Policía, Víctor García Hidalgo; el director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche; y técnicos del Ministerio para diseñar los planes.
Por su parte, El presidente de la Federación Católica de Padres (Concapa), Luis Carbonel, acogió con satisfacción el anuncio porque, dijo, la situación en los entornos de los centros escolares requiere medidas «de urgencia» ya que cada día hay «mayores índices» de violencia.
El presidente de Concapa expresó su deseo de que estos planes del Gobierno «no vayan en detrimento de acciones más extensas» de actuación en este ámbito y de que «cuenten con los padres» a la hora de diseñar los planes.
Para la portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Pilar Triguero, la medida supone un «error» ya que no se puede «mezclar en una misma frase» delincuencia y centros educativos.
