Desde finales de agosto de 2025, la administración de Donald Trump ha intensificado su discurso y acciones bajo la bandera de la “guerra contra las drogas”, situando a las costas venezolanas en el centro de una polémica operación internacional. La estrategia ha incluido ataques a embarcaciones que Washington asegura estaban relacionadas con el narcotráfico, una medida que ha generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país.
El primer operativo se registró el 2 de septiembre, cuando Estados Unidos anunció un ataque —descrito como un “kinetic strike”— contra una embarcación sospechosa de transportar drogas, asesinando a 11 personas. El gobierno estadounidense difundió imágenes del operativo y afirmó que los tripulantes tenían vínculos con el grupo Tren de Aragua. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro rechazó la versión y negó que los ocupantes pertenecieran a esa organización.
Un segundo ataque fue confirmado por Donald Trump alrededor del 20 de septiembre, en el que fallecieron tres personas. Con estas acciones, Washington asegura estar desplegando una ofensiva contra redes criminales que, según su diagnóstico, operan entre Venezuela, Centroamérica y Estados Unidos.
Sin embargo, diversos analistas han criticado estos operativos. Señalan que los ataques suponen la ejecución sumaria de sospechosos, sin proceso judicial ni evidencia pública concluyente, lo que podría constituir una violación del derecho internacional. Además, advierten que el envío de buques y aviones militares al Caribe podría responder más a un objetivo de presión política sobre el gobierno de Maduro que a un esfuerzo estrictamente ‘antidrogas’. Desde Venezuela, las autoridades han sostenido que Washington busca provocar un incidente para justificar un “cambio de régimen”.
La tensión se incrementó el 29 de septiembre, cuando Nicolás Maduro promulgó un decreto que le otorga poderes especiales para enfrentar cualquier escenario de intervención extranjera. La medida habilita al Ejecutivo a movilizar a las fuerzas armadas, así como asumir el control de servicios públicos y de la industria petrolera durante periodos de emergencia. Ese mismo día, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que un ataque directo de EE. UU. podría derivar en la declaración de un estado de emergencia nacional.
Un día después, Trump declaró que su gobierno está considerando extender las operaciones “por tierra” contra cárteles que operan dentro o desde Venezuela, lo que elevaría aún más el nivel de confrontación entre ambos países.
Juristas y observatorios internacionales han insistido en que Washington debe aclarar los fundamentos jurídicos de estas acciones. Para instituciones como el Atlantic Council, el uso de fuerza letal en embarcaciones que no representan una amenaza inmediata contradice principios básicos del derecho internacional y puede equivaler a ejecuciones extrajudiciales.
Más allá de esta coyuntura, el debate conecta con una larga historia. La noción de una “guerra contra las drogas” en EE. UU. se remonta a junio de 1971, cuando Richard Nixon declaró que el abuso de sustancias era “el enemigo público número uno”. Desde entonces, la estrategia ha sido replicada en países como México y Colombia, donde generó espirales de violencia y abusos de derechos humanos sin lograr los resultados esperados en la reducción del narcotráfico.
De hecho, esta estrategia impulsada por Trump es una una reedición de la misma lógica que durante décadas ha priorizado el uso de la fuerza por encima de políticas de salud pública. Insistir en la vía militar mantiene un patrón que ha demostrado ser ineficaz para reducir el consumo y, en cambio, ha multiplicado escenarios de violencia, corrupción y debilitamiento institucional en la región.
En este contexto, especialistas advierten que la actual ofensiva estadounidense podría profundizar la inestabilidad regional, al convertir un problema estructural del narcotráfico en un conflicto político y militar abierto. Así, mientras varios gobiernos y organismos internacionales habían empezado a cuestionar la efectividad del enfoque punitivo de la “guerra contra las drogas”, Trump parece decidido a llevar esa estrategia a su expresión más literal.
