La política de drogas: del desmantelamiento institucional al anhelo por datos confiables en Ecuador
¿Qué está pasando con las drogas ilegales en el Ecuador en el 2024? Nada muy diferente a lo que ha venido ocurriendo en los últimos siete u ocho años. O quizás sí. Depende de con qué ojos lo analicemos. Tal vez estamos en un punto de no retorno a un país en donde hace no mucho se indultaron a pequeños traficantes de sustancias o donde se colocaron umbrales de consumo como garantías de protección de derechos para los usuarios.
No se trata de hacer comentarios favorables a la política de drogas de los años de Correa (2007-2017). Se trata de observar de la manera más objetiva posible el momento que vivimos haciendo una retrospectiva. Se trata de hacerlo así porque la política de drogas es un muy complicado rompecabezas con tantas piezas que a veces resulta complicado identificarlas, mucho más colocarlas en su lugar.
En la política integral de drogas ilegales hay intersecciones con los derechos humanos, la salud, las economías ilícitas, las (in)capacidades del sistema judicial, los hogares rotos por los encarcelamientos o adicciones, el crimen y la seguridad ciudadana, el empleo, la diversión y el entretenimiento, etc. Sí, muchos órdenes de la vida en sociedad tienen que ver con las drogas. Así, ignorarlas no es lo recomendable. Peor culpar a su existencia y consumo por los males de la nación.
Tras cumplir seis meses como presidente de la república, Daniel Noboa ha terminado su primer semestre de gobierno con un balance objetivamente negativo en términos de su política de drogas en el contexto de un país que vive niveles horribles de violencia.
