Bogotá continúa aguardando la promulgación de un decreto que establezca regulaciones sobre el consumo de estupefacientes en lugares públicos, una tarea pendiente en la agenda del alcalde Carlos Fernando Galán. Actualmente, la regulación se rige por normativas que se remontan a 2019, las cuales presentan ambigüedades en cuanto a las restricciones aplicables.
Comparativamente, otras metrópolis colombianas como Cali y Medellín ya han avanzado en este tema, implementando medidas de corte prohibicionista que priorizan la protección de los derechos de menores, aunque estas no ponderan los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas, según la investigación de Juan Camilo Parra, de El Espectador.
Las políticas adoptadas por Cali y Medellín reflejan un enfoque diferente al que se espera en Bogotá, pues sus reglamentaciones explícitamente defienden el interés superior de la niñez y adolescencia, dejando de lado la consideración hacia quienes consumen dichas sustancias, hecho que para el concejal José Cuesta no está mal, pero podría ser incluyente con los consumidores.
