El Consejo Comunitario Río Mejicano, en Tumaco, presentó una demanda por incumplimientos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Estos son nuestros argumentos en defensa de las familias ante la Corte Constitucional, que revisará la tutela.
Cuando se firmó el acuerdo colectivo para la sustitución de cultivos ilícitos entre el Gobierno nacional y 1.651 familias que hacen parte del Consejo Comunitario Río Mejicano, en Tumaco (Nariño), hubo mucha ilusión. Para entonces, marzo de 2018, se pretendía iniciar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), según lo pactado en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, tres años después, ante los incumplimientos e irregularidades que se evidenciaron en el desarrollo del PNIS, el representante legal de dicho consejo comunitario interpuso una tutela para proteger los derechos fundamentales vulnerados a su comunidad.
Y es que, por ejemplo, en el proceso de inscripción individual de las familias al PNIS, las jornadas debían llevarse a cabo en lugares a más de una hora en lancha desde sus hogares, sin tener en cuenta las dificultades de desplazamiento que conllevaba. Esto ocasionó la exclusión de al menos 400 hogares que no lograron trasladarse. Por otro lado, también hubo errores a la hora de diligenciar los formularios para ingresar al programa, lo cual en gran medida se debió a la falta de pedagogía para surtir este trámite, ocasionando que en cientos de casos la información consignada fuera inexacta, pese a la buena disposición y voluntad de las personas que le apostaron al PNIS.
