Ana tenía 18 años recién cumplidos cuando se publicaron dos fotos de ella desnuda en su propia cuenta de Instagram. Más de cien personas vieron las imágenes, ambas compartidas en su historia, antes de que consiguiera borrarlas. “Sé que hubo capturas y que se pasaron por todo el pueblo”, lamenta. Está convencida de que su expareja entró en su perfil y las publicó. Lo que Ana sufrió se conoce como pornovenganza: una persona envía una foto íntima a su pareja y tiempo después, cuando se acaba la relación, el receptor la comparte sin consentimiento. Ana le pone cara a un tipo de violencia machista que cobra fuerza y que el Ministerio de Igualdad quiere combatir: la violencia de género digital.
Pasados cuatro años desde el incidente, Ana aún se pone nerviosa cuando habla de ello. No ha querido dar su apellido por miedo a que su expareja, que sigue viviendo en su mismo pueblo en el norte de Madrid, leyera este reportaje. La joven reconoce que lo ocurrido en Instagram fue solo el colmo del patrón de abuso verbal y físico que venía sufriendo desde hacía unos meses. Eso sí, fue el episodio más público. Igualdad define la violencia machista digital como toda aquella “conducta de violencia de género que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales o de Internet”. Puede afectar a cualquier mujer que tenga un móvil o un dispositivo con acceso a internet.
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