Un estudio internacional denuncia las injerencias en las políticas de control del tabaco. España es uno de los países más permisivos con estas prácticas
El tabaco mata. Mucho. A ocho millones de personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero sigue siendo una droga legal y los países hacen malabares para convivir con la industria tabacalera y encajar, a su vez, las políticas de salud pública para el control del tabaquismo. Una encuesta internacional sobre las injerencias del sector alerta de falta de transparencia en las interacciones de los gobiernos con esta industria, conflictos de interés y apoyos gubernamentales a acciones benéficas relacionadas con el tabaco. España está entre los países más permisivos con este tipo de intromisiones de la industria, en el número 36 de 57, empatado con Malasia, Kazajistán y Alemania. Los expertos alertan de que el sector funciona como un lobby, sortea su mala prensa con contribuciones sociales y puede influir en la toma de decisiones de salud pública sobre el tabaco. El sector defiende su derecho a participar y “ser escuchado” en la elaboración de las normativas que le afecten.
