La iniciativa fue lanzada por Australia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Uruguay. Con esta medida, los atados de cigarrillos no tienen logotipo y son de forma idéntica, mismo tamaño y mismo color. La única diferencia entre los paquetes será el nombre de la marca, que aparecerá escrito con pequeños caracteres.
Por cada peso que se recauda en impuestos al cigarrillo se gastan $8 para tratar las enfermedades que produce. La OMS recomienda subir los impuestos y gremios se oponen en Colombia.
Una encuesta de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, ejecutada por MFG Consultores sobre una muestra de 1900 personas mayores de 18 años que residen en los 6 centros urbanos más grandes del país, demostró que el 84% de la población apoya la implementación de aumentos de impuestos y precios de los productos de tabaco para desincentivar el consumo y proteger la salud pública.
Un grupo de diputados de la Nueva Mayoría busca restringir el consumo de tabaco en centros de educación superior, tanto públicos como privados, y en centros asistenciales de salud.
Rose Melkor, experta en regulación al tabaco sostiene que en la medida que se reduce la publicidad de ese producto, disminuye el número de personas adictas o vulnerables a adquirir el vicio.
La Secretaría de Salud de Guanajuato, continúa con la promoción de espacios 100% libres de humo de tabaco, ya que actualmente el consumo de cigarro es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo.
La segunda edición de la encuesta muestra una población más favorable a la educación sexual y a la diversidad, pero también revela desafíos persistentes en prevención, consentimiento y equidad de género
El nuevo paquete de Estados Unidos para adicciones, salud mental y sinhogarismo genera dudas por no ser completamente nuevo y por limitar la reducción de daños.
El documento plantea mejorar la vigilancia epidemiológica, ampliar el acceso al diagnóstico, fortalecer la educación sexual y reducir el estigma asociado a las ITS hasta 2030
Si algo nos recuerda este informe es que las políticas de drogas son, o deberían ser, en última instancia, políticas de salud pública, justicia social y de garantía de derechos.