El Gobierno ha propuesto repartir entre las comunidades autónomas 8.700.000 para impulsar planes autonómicos de drogas, de acuerdo con los criterios de distribución que, para el año 2022, aprobó el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros ha acordado este martes la distribución a las comunidades autónomas de 9,5 millones de euros para ejecutar programas en materia de drogodependencias y otras adicciones.
El Servicio Canario de la Salud (SCS) incrementará en los presupuestos de 2018 un 5 por ciento, como mínimo, las subvenciones que se destinan a la Federación de Entidades Canarias de Adicción (Fecad), que aglutina a diferentes ONG para la atención a las drogodependencias en Canarias.
Dichas subvenciones serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER 2014-2020 en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, según informa el departamento que dirige María José Sánchez Rubio en un comunicado.
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha dado a conocer que la Junta destinará un total de 810.000 euros a ayuntamientos y asociaciones para programas de prevención de conductas adictivas a fin de "reducir el consumo de drogas y otras conductas adictivas en la población de mayor riesgo y, por otro lado, favorecer el abandono del consumo de drogas en personas con dependencia a estas sustancias".
El proyecto europeo 'Euroempleo', en el que se enmarca esta acción, permitirá contratar a 560 personas con enfermedad mental o adicciones durante los próximos años, y garantizará un 45 por ciento de inserción seis meses después de la entrada en el proyecto.
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.
La evidencia no respalda que dejar de fumar ponga en riesgo la recuperación, pero en muchos centros residenciales el tabaco sigue fuera del plan terapéutico
Un estudio relaciona el menor nivel educativo y el desempleo con un consumo más reciente o habitual, mientras que los resultados sobre ingresos varían según la frecuencia de consumo.