La formación morada ve "razonable" la propuesta del Gobierno de realizar ensayos clínicos previos para garantizar la ausencia de efectos adversos en el uso medicinal de la planta.
El informe aborda entre otras cuestiones cómo está afectando la epidemia por COVID-19 al consumo y suministro de drogas, cuales son los costes sanitarios derivados del consumo de drogas, los últimos datos y tendencias disponibles referentes a la producción y tráfico de drogas
Más de 50 países han adoptado marcos regulatorios para el cannabis medicinal, mientras que un número creciente de jurisdicciones ha regulado el uso no médico de adultos. Es esencial que estos marcos legales estén diseñados para permitir avanzar en justicia social, inclusión y derechos humanos
Azucena Martí Palacios, es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia (1982) y especialista en Psicología Clínica (año 2007). Desde el 2003 prestó servicios como psicóloga clínica en la unidad de conductas adictivas de Vall d ́Uixó. Departamento de Salud, Hospital de la Plana. En 2015 fue nombrada Directora territorial de Sanidad en la provincia de Castellón. Desde 2018 es la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
En las últimas semanas han estado muy presentes en la prensa las medidas que los gobiernos autonómicos han tomado respecto el consumo de tabaco en espacios públicos. Estas han llegado tras las demandas de sociedades científicas en base a estudios que apuntan a un riesgo de transmisión del Covid-19 a través de la exposición al humo del tabaco.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.