El país norteamericano se convierte en el primer país del G7 que liberaliza el uso de la marihuana e inaugura una industria con dividendos multimillonarios.
El pasado martes, 2 de octubre, la Conferencia sectorial sobre Drogas (máximo órgano de decisión política del Plan Nacional sobre Drogas, conformado por representantes de distintos ministerios), aprobó el Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020, un documento a través del cual se definen las áreas de actuación que se emprenderán en los próximos dos años en el Plan Nacional sobre Drogas.
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó su informe anual en el que se destacan 3 tendencias: crisis de opioides, abuso de medicamentos y niveles récords de opiáceos y cocaína a nivel mundial.
Muchas de las medidas y propuestas de nuestro país son pioneras a nivel internacional, pero se nos olvida cuando se habla de países de referencia como Portugal o Uruguay.
El cultivo de opio genera 590.000 empleos en el país, una cifra muy superior a toda la fuerza del Ejército y la Policía del país, compuesta por 313.728 personas. Los cultivos ocupan la extensión equivalente a cinco veces la ciudad de Madrid o 32 la de Barcelona.
La reciente legalización del cannabis en Canadá y su regulación para uso terapéutico en Portugal ponen sobre la mesa un debate que en España no se da. Los colectivos pro regulación agradecen la intervención del líder de Podemos Pablo Iglesias en favor de la legalización, pero lamentan los argumentos escogidos. Los cuatro grandes partidos dicen ser favorables a debatir la cuestión en el Congreso, pero la comisión que debe estudiarlo lleva meses paralizada.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.