En el marco de la regulación de la ley que legalizó en diciembre la producción y venta del cannabis en el país, el Ministerio de Salud Pública trabaja en lo referente "al uso medicinal".
Uruguay ha adelantado varios aspectos del reglamento de la ley que legaliza la producción y venta de marihuana, como la limitación en la carga psicoactiva de la droga o la creación de un sistema de trazabilidad del cannabis similar al que existe para el ganado vacuno.
La iniciativa, planteada por denadores de la izquierda y un legislador conservador, pretende revisar las cantidades personales a fin de que la dosis máxima pase de cinco a 30 gramos.
No hay estudios serios que avalen su uso en este tipo de enfermedades. Investigadores y reumatólogos de dos centros de investigación de la Universidad McGill en Quebec, Canadá, han llevado a cabo una revisión de la evidencia científica sobre el empleo de marihuana para paliar los síntomas en pacientes reumatológicos.
El camino para lograr consumir marihuana legalmente en la Ciudad de México acaba de comenzar y aunque se prevé largo y tortuoso, sus promotores confían en poder llegar a medio plazo a un modelo similar al holandés con 'coffee-shops' a la mexicana.
Actualmente, en Castelldefels funcionan cuatro clubs de fumadores de cannabis, que abrieron puertas a lo largo del año pasado y que son objeto de seguimiento por parte del ayuntamiento y de la Policía Local.
El curso, organizado por la Federación Nacional de Cannabicultores de Uruguay, proporciona además una formación en la reducción de daños para el consumidor de marihuana.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.