Esta norma pionera en la Unión Europa prohíbe el consumo de la sustancia en público, habilitando para ello locales que funcionarán a modo de asociación privada sin ánimo de lucro.
Un portavoz del Ministerio ha resaltado que el cannabis es una sustancia peligrosa y ha agregado que su legalización no es recomendable, si bien ha reconocido que en ciertos casos médicos puede ser de ayuda, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.
La regulación legal de una droga programada no es una solución milagrosa que resuelva todos los resultados dañinos de la prohibición. Los mercados legales también pueden ser capturados por intereses corporativos, no incluyen medidas integrales para reparar los daños ocasionados por la "guerra contra las drogas" y criminalizan aún más a las personas que permanecen en los espacios ilegales que inevitablemente persisten fuera de cualquier mercado regulado.
La producción y comercialización del cannabis, centrada principalmente en la zona del Rif, ha sido ilegal durante años, lo que ha provocado el florecimiento de las redes de tráfico ilegal, que afectan también a España.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha llamado la atención este lunes sobre que, en algunos casos, no se cumple la ley 'antitabaco' "con precisión" en las terrazas hosteleras, a lo que ha advertido de que pueden ser un riesgo para los fumadores pasivos por acumulación de humos.
El proyecto de legalización de la marihuana en Uruguay instaló visiones antagónicas entre médicos que afirman que causará una caída en el consumo de drogas duras y otros que consideran que banaliza los efectos nocivos del cannabis.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.