La ley de drogas de Argentina cumple 30 años este fin de semana, y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia recomendó hace una década dejar de perseguir a los usuarios de sustancias psicoactivas con el trascendental fallo Arriola, las estadísticas muestran que hay casi tantos detenidos por tenencia de sustancias o cultivo de cannabis que por comercialización.
Los países de América Latina, como Brasil y Colombia, están abriendo el camino para el análisis de drogas en festivales e incrementando los servicios de reducción de daños.
Los resultados arrojados por un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan sobre el fuerte aumento del consumo de alcohol en los países de América Latina y el Caribe. La bebida estrella de los eventos sociales y otras ocasiones festivas, amenaza ahora con transformarse en un problema de salud pública.
En el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, organizaciones de América Latina pertenecientes al Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) reivindicarán el derecho democrático y soberano de cada país para corregir la actual política de drogas y exigirán a la comunidad internacional que se realicen reformas profundas en ese sentido.
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia acaba de presentar sus conclusiones. Creada por los ex - presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) e integrada por 17 personalidades independientes, la Comisión ha evaluado los límites y efectos indeseables de las políticas represivas de “guerra contra las drogas” aplicadas en América Latina.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.